(PD).-El magistrado Fernando Ferrín Calamita, juzgado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia como autor de un delito de prevaricación por retrasar la adopción de una menor por una lesbiana, dijo hoy que si se le expulsa de la carrera, «seguro que Dios me tendrá preparado un trabajo mejor».
Estas afirmaciones las pronunció al hacer uso de su derecho a la última palabra en la última sesión del juicio seguido contra él y en la que tanto el fiscal como la acusación particular dejaron abierta la puerta a que pueda ser condenado como autor de este delito en su forma culposa, es decir, cometido sin intención.
Durante su intervención, Ferrín Calamita, que rompió a llorar en los minutos finales de la misma, pidió su absolución y que se le «reponga de inmediato» en el Juzgado de Familia en el que se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde hace un año.
El juez acusado de prevaricación negó haber actuado en este expediente de adopción movido por sus creencias religiosas, y repitió en varias ocasiones que «siempre velé por el interés de la menor, que deseo que crezca feliz».
«Nunca quise perjudicar a la madre adoptante ni a la madre biológica, y en ningún momento traté de retirar a la niña de su madre» y negó que hubiera tenido intención de dilatar este caso, «por lo que no se puede decir que se ha producido un retardo malicioso ni cualquier otro delito».
El magistrado admitió que no obró correctamente al indicar a la madre adoptante que debía acudir con un procurador, que en este tipo de casos no hace falta, aunque comentó que «esto podría ser una irregularidad procesal, pero nunca un delito».
En cuanto a ordenar la realización de un informe de idoneidad a la madre biológica, que legalmente no es necesario cuando se trata de adoptar al hijo del consorte, indicó que «esa providencia la firmé en barbecho, porque nunca tuve intención de hacerlo», derivando la iniciativa a las funcionarias de su Juzgado. Defendió también la oportunidad de nombrar a la pequeña un defensor judicial, para lo que designó a la Dirección General de Familia de la Comunidad Autónoma «porque era compatible con la actuación del fiscal y porque era sólo para que pudiera proponer pruebas».
