(PD).- El concepto de la independencia judicial responde a la necesidad de que los jueces administren justicia al margen de la política. Su trabajo consiste en aplicar la ley, mal que bien, y el de los políticos en redactarla, cumplirla y hacerla cumplir.
Subraya Ignacio Camacho en ABC que, si los políticos dictasen sentencias, lo harían desde el más profundo sectarismo o, en el mejor de los casos, según el voluble criterio de la opinión pública. Por eso la democracia separa los poderes y trata de evitar las interferencias.
En España, sin embargo, la política se considera legitimada para corregir los pronunciamientos de la justicia, a través de un Consejo del Poder Judicial intensamente politizado.
Ocurre que a veces dicho organismo ejerce por su cuenta el libre albedrío, y entonces se desata un conflicto de poder que suele desembocar en acusaciones de corporativismo. Así ha ocurrido con el caso del juez Tirado, cuya escasa sanción doblemente validada parece insuficiente a un Gobierno acostumbrado a la obediencia.
Quizá sea necesario repetir que a la niña Mari Luz Cortés no la mató el susodicho magistrado, sino un canalla llamado Santiago del Valle. La responsabilidad del juez reside en el grave error de haber permitido la libertad del asesino -que aún no lo era- al olvidar la aplicación de una sentencia pendiente, y es por ello por lo que debe ser castigado, no por la conducta posterior del criminal, que se juzga aparte.
La actuación de Tirado fue evaluada por el CGPJ, que decretó una sanción determinada; al Gobierno le pareció exigua y recurrió, cambiando en el ínterin la composición del organismo sancionador por una más adecuada a su sesgo ideológico. El resultado del recurso ha sido idéntico: dos tribunales diferentes han fallado en el mismo sentido.
Pues nada, no vale; hay que echar a Tirado a los leones para calmar la indignación popular. La demagógica coartada se llama corporativismo: los jueces no pueden juzgar a otro juez. ¿Y quién ha de hacerlo, los políticos?
¿Por qué ha de valer el criterio jurídico de Zapatero, que no pasó de penene en Derecho, o de Blanco, que ni siquiera terminó la carrera, más que el del reputado jurista Carlos Dívar y otros profesionales de la magistratura teóricamente elegidos por sus méritos? ¿Sería acaso mejor dejar esta clase de expedientes en manos de tribunales populares que aplicasen la visceral justicia de la plebe?
Cuando el Poder Judicial se pliega al dictado de los políticos que eligen a sus miembros, se le acusa razonablemente de ser correa de transmisión de los partidos; cuando ejerce su independencia, se trata de un acto inaceptable de corporativismo.
Si hubiera que elegir, sería sin duda menos malo que el «Gobierno de los jueces» se guiase siempre por una pauta profesional, y no por la que marca un grupito de aparatchiks constituido en sindicato de intereses tan corporativo como el que más, pero por lo general con menos estudios.
En cuanto al juez Tirado, las opiniones son como las caras o los culos: todo el mundo tiene una. La mía es que, efectivamente, lleva una penitencia demasiado leve, pero en materia jurídica la única apreciación que cuenta es la de los jueces. Fuera de este ámbito, sólo merece respeto la queja del padre de Mari Luz. Porque las víctimas siempre tienen razón… incluso cuando no la tienen.
