Ciudadanos acusa a la Consejería de Educación de la Generalitat de ‘prevaricación moral continua’

Ciudadanos acusa a la Consejería de Educación de la Generalitat de 'prevaricación moral continua'

(PD).-«Prevaricación moral». El término lo ha acuñado Ciutadans para definir la actitud que mantiene el departamento de Educación catalán en materia lingüística pese al continuo goteo de resoluciones que le quitan la razón, la última, del Tribunal Supremo. Ciudadanos ha manifestado este lunes que la reciente sentencia “deslegitima y entierra el modelo de la inmersión obligatoria desarrollado por el nacionalismo en los últimos 25 años”.

Jordi Cañas, portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, ha indicado que ha quedado claro que la obligatoriedad de la inmersión lingüística “es ilegal, educativamente perversa” y, como ha dejado escrito el último informe del Consejo de Europa, solo puede ser una opción voluntaria de los padres.

La sentencia del TS, según ha dicho Cañas, “demuestra que la Generalidad ha vulnerado los derechos de miles de ciudadanos de Cataluña, por lo que estos podrían pedir responsabilidades a la Administración autonómica”.

Para Ciudadanos, desde la Consejería de Educación “ha habido una prevaricación moral continua, porque sabían que no tenían razón y estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos negándoles la posibilidad de elegir su idioma” en los primeros años de su educación, como marca la ley.

EL SILENCIO DEL PSC Y EL PSOE

Asimismo, Cañas ha manifestado que “es sorprendente el silencio del PSC y del PSOE ante la sentencia” del Supremo. El portavoz de Ciudadanos ha exigido que la Generalidad “cumpla las sentencias en una parte de España donde las leyes se acatan pero no se cumplen”.

Desde Ciudadanos se ha indicado que “el axioma de que el monolingüismo es el único mecanismo de cohesión social no es cierto”, y Cañas ha recordado que “el concepto ‘un pueblo, una lengua’ tiene un sonido que recuerda movimientos totalitarios pasados”.
LA POSTURA DE ERC

En el otro extremo, la interpretación de los independentistas. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, «no cambia nada»: así valoró ayer el secretario general de ERC, Joan Ridao, la resolución que obliga a todos los centros escolares públicos a preguntar a los padres por la lengua habitual que emplean para garantizar su derecho a la enseñanza.

Y es que para los republicanos, la sentencia alude a una situación anómala antigua que se habría resuelto durante el curso escolar 2006-2007 a partir de la introducción de la controvertida casilla en los impresos oficiales de preinscripción en las escuelas.

Ridao alega, en este aspecto, que «el derecho a recibir las primeras enseñanzas en la lengua habitual está absolutamente respetado, porque quien quiere estudiar en castellano lo puede hacer».

Así, el número dos de ERC señala que el derecho «no entra en contradicción con no segregar a los alumnos, que es un derecho que queremos preservar». De hecho, Ridao insistió ayer en que anualmente apenas hay una quincena de familias que pide la atención individualizada que la ley contempla.

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Autor

Luis Balcarce

De 2007 a 2021 fue Jefe de Redacción de Periodista Digital, uno de los diez digitales más leídos de España.

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