(PD).- Esto es la guerra. El ministro de Justicia considera que los jueces «no pueden ponerse en huelga» como parte del poder del Estado. Sin embargo, Bermejo subraya que, en todo caso, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que «deberá sentar criterio jurídico» en este asunto, en el que, según el ministro, está «flotando» el denominado como ‘caso Tirado’.
El titular de Justicia sostiene que la clave no está en si un juez «tiene derecho o no» a hacer huelga, sino en que «no se puede permitir el lujo» de hacerla, porque «es una traición al mandato que tienen con los ciudadanos».
Las cuatro principales asociaciones de jueces han acordado convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el malestar y «hartazgo» de la profesión.
Para el ministro, aunque las reivindicaciones de los jueces se centran en peticiones salariales y de cumplimiento de los compromisos de modernización de la justicia, en este conflicto «está flotando» la exigencia de responsabilidades al juez Rafael Tirado, por el caso de la muerte de la niña Mariluz Cortés.
En concreto, Bermejo sostuvo que las asociaciones de jueces se han puesto ahora de acuerdo en su amenaza de huelga al Gobierno porque «les ha sorprendido» el «movimiento de base» que se generó en torno a este caso y, al creer que «se les iba de las manos», se han puesto «a la cabeza de la manifestación», una actitud que el ministro calificó de «decepcionante».
El ministro reconoció que las críticas a la «levedad de la sanción» al juez fueron «mal recibidas» por parte de los jueces, pero recalcó que el Gobierno «tiene derecho a criticar, porque la crítica forma parte del sistema democrático».
