(PD).- Los jueces no están solos. La advertencia lanzada de forma unánime por las cuatro asociaciones, que se han mostrado dispuestas a promover una huelga si el Gobierno no realiza actuaciones concretas para mejorar la situación de la Administración de Justicia, ha recibido el apoyo también unitario de los cuatro sindicatos policiales más representativos y de las asociaciones de guardias civiles.
Sin perjuicio de las diferencias existentes entre ambos colectivos, jueces y fuerzas de seguridad sufren un mal similar: una «carencia crónica» de medios que dificulta el ejercicio diario de su trabajo. SUP, CEP, UFP y SP (Policía) y AUGC y UGC (Guardia Civil) creen por ello que los jueces están cargados de razón en sus reivindicaciones y aseguran que el único responsable del mal funcionamiento de la Justicia es el Gobierno, informa ABC.
También el PP ha salido en defensa de los miembros de la carrera judicial. El principal partido de la oposición ha pedido la dimisión del ministro de Justicia y, por boca de su portavoz en la materia, Federico Trillo, ha amenazado con romper el Pacto de Estado de Justicia suscrito el pasado verano si el Ejecutivo no atiende a las reclamaciones de los jueces, que el PP suscribe punto por punto. Lo que no respaldan los populares es la huelga, una iniciativa que, según Trillo, es «mala para el Estado de Derecho».
Responsabilidad del Gobierno
En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos policiales hablan del «lamentable» estado en que se encuentra la Administración de Justicia, situación que «hace imposible» que los magistrados cumplan con plena eficacia «la misión constitucional» que tienen encomendada. «Los funcionarios de la Administración no tienen ninguna responsabilidad en este estado de cosas», pues los Gobiernos «nunca» han destinado los recursos necesarios para lograr una «Justicia ágil y eficaz», aseguran.
Los representantes de estas asociaciones reivindican el derecho a la huelga no sólo para los jueces, sino también para los policías y los guardias civiles (la ley prohíbe de forma expresa el ejercicio de este derecho a los miembros de las Fuerzas de Seguridad, pero no lo prohíbe en el caso de los jueces) en su condición de funcionarios públicos. «Lo que parece tener poco sentido -afirman- es que los médicos puedan llevar a cabo huelgas cuando de ellos depende la vida de los enfermos y que no puedan hacerlo los jueces».
Tampoco se ha hecho esperar la reacción del Gobierno, al que en los primeros trece días del nuevo año le han llovido dos peticiones de dimisión: la primera para la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por el caos que la semana pasada causó la nevada, y la segunda para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por la gestión de la crisis judicial. «A ver si el problema va a ser el señor Bermejo y este problema se soluciona cuando el señor Bermejo deje de ser ministro de Justicia», sugirió ayer la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
Bermejo despeja balones
Lo cierto es que, una vez más, el tono de la respuesta del ministro a la queja de los jueces no fue precisamente conciliador. Bermejo volvió a colocar el «caso Tirado» -ayer se cumplía un año de la desaparición de la niña onubense- como única causa del movimiento judicial y, entre todas las reivindicaciones de este colectivo para la mejora del servicio público de la Justicia, hizo hincapié en la relativa al salario, y lo hizo para afearles la conducta. «Es verdad que les tocaba (la revisión salarial)», pero «no está el horno para estos bollos», dijo en referencia a la crisis.
Bermejo también habló de la huelga y despejó balones al atribuir al CGPJ la obligación de «sentar criterio jurídico» sobre el ejercicio de este derecho por los miembros de la carrera judicial. En declaraciones a la Ser, el ministro señaló que los jueces «no se pueden permitir el lujo» de ir a la huelga porque «es una traición al mandato que tienen de los ciudadanos».
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, salió a la palestra para dejar claro que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencias jurisdiccionales y que, por ello, no le corresponde elaborar ningún documento sobre el ejercicio del derecho a la huelga por los miembros de la carrera. Bravo recordó que regular este derecho fundamental es una competencia sólo del legislador.
