(PD).- La educación española puede ser acaso el más grave de nuestros problemas ciudadanos, el de mayor dificultad y más hondura, pero ese problema no se llama Educación para la Ciudadanía. La polémica sobre esa asignatura de indudable contenido doctrinal ha desenfocado la cuestión del estado de nuestra enseñanza, una clave del atraso nacional desde los tiempos del regeneracionismo.
Afirma Ignacio Camacho en ABC que la judicialización del caso y el legítimo empeño confesional en la objeción de conciencia han acabado en una victoria política del zapaterismo, pero esa especie de FEN de la progresía no va a redimir el estado de postración de la escuela pública, ni el desánimo de los docentes, ni la insustancialidad de los planes de estudio, ni va a corregir los índices de fracaso escolar ni el dislate pedagógico de la LOGSE.
El Gobierno mostró el trapo de sus habituales señuelos ideológicos y una parte de la sociedad educativa entró con entusiasmo al engaño que menos le favorecía; al fin y al cabo la dichosa Ciudadanía no dejará de ser una maría carente de influencia real en la formación del alumnado, y quizá hubiese sido una estrategia más inteligente diluirla, como han hecho algunos centros religiosos privados de mentalidad más pragmática, en el contexto de su propia liviandad para evitar el riesgo de una derrota legal.
Con o sin asignatura de Ciudadanía, la enseñanza en España seguirá siendo un erial deshabitado de conocimiento, rigor y jerarquía. Las autonomías continuarán imponiendo dicterios lingüísticos y planes demenciales en los que se manipulará a conciencia el sentido de la Historia, de la Filosofía y hasta de la Geografía y el Medio Ambiente.
Los profesores seguirán moralmente desarmados ante la agresividad del alumnado y de sus padres. Los estudiantes aplicados se verán obligados a adaptar su aprendizaje a la rémora de los más renuentes, y el sistema persistirá en su colapso intelectual, en sus tópicos políticamente correctos y en su rechazo de cualquier atisbo de competitividad o disciplina.
Cada vez que un organismo internacional evalúa el nivel de competencia científica o humanística de nuestros estudiantes, los resultados resultan demoledores para el prestigio de la instrucción pública y para la propia competitividad de los alumnos. Generaciones enteras se están formando en la banalidad con grave perjuicio para su futuro desarrollo en el mercado de la inteligencia.
Tenemos un problema endémico con los idiomas internacionales mientras nos empeñamos en una batalla de lenguas autóctonas. Perdemos puestos en preparación tecnológica mientras discutimos sobre cuestiones morales que debe y puede resolver la educación familiar. Desatendemos la cultura del esfuerzo y anulamos el mérito para inocular a la juventud el virus de la subvención y la dependencia.
La mayor parte de los universitarios desprecia el riesgo emprendedor para soñar con un empleo público vitalicio. Hemos hecho siete leyes educativas distintas en veinticinco años. Y en medio de ese desastre devastador para el futuro de la nación y de sus ciudadanos, el único debate que de verdad nos planteamos es el de si los niños deben o no aprender en el colegio a ponerse un preservativo.
