130 días después de ser ilegalizada…. ANV sigue gobernando en 37 pueblos por la inacción de ZP

(PD)- Son el brazo político de ETA. Acaba de confirmar el Constitucional su ilegalización. No obstante, Acción Nacionalista Vasca (ANV) sigue en la práctica gobernando 37 ayuntamientos del País Vasco y Navarra y manejando fondos públicos, incluidos los más de 32 millones de euros cuya entrega ya ha sido aprobada por Zapatero en concepto de ayudas para paliar los efectos de la crisis económica. La inacción del Gobierno socialista está permitiendo esta inmoralidad.

El debate sobre la disolución de los ayuntamientos dominados por ANV se reabre ahora, tras la decisión del TC y cuando, a un mes para las elecciones al Parlamento vasco, se busca la forma de evitar que nuevas marcas de Batasuna se reinstalen en la Cámara vasca, según informa ABC.

El Partido Popular ha vuelto a exigir al Ejecutivo que disuelva ya, sin más dilación, los consistorios que están -desde hace ya veinte meses- en manos de los filoterroristas, pues la sentencia del TC hace innecesaria cualquier reforma legal en ese sentido. En opinión del principal partido de la oposición -que presentó en el Congreso una proposición no de ley que se debatirá cuando se reanude el periodo de sesiones-, el vigente ordenamiento jurídico permite echar definitivamente a ANV de las instituciones democráticas.

El PP sostiene que, una vez que la ilegalización de ANV ha sido confirmada por el Constitucional, el Consejo de Ministros puede aplicar la ley que regula las Bases del Régimen Local para acordar la disolución de los 37 ayuntamientos gobernados por ese partido. Es decir, la Justicia ya ha puesto en manos de Zapatero el elenco de actividades que suponen un «apoyo, expreso o tácito» al terrorismo, uno de los requisitos que exige la ley para que el Gobierno proceda a disolver los consistorios manejados por ANV.

El artículo 61 de la ley de Bases del Régimen Local establece que el Consejo de Ministros, «a iniciativa propia», puede proceder a la disolución de las corporaciones locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».

Y entre esas decisiones «gravemente dañosas» incluye «los acuerdos o actuaciones (…) que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».

Y ANV, así como sus representantes, han dado buena muestra de su mimetismo con ETA desde el momento en que se celebraron las elecciones que los colocaron en el gobierno de 42 localidades vascas y navarras y que les otorgaron más de cuatrocientas concejalías. El desembarco de ANV en los ayuntamientos se produjo porque ni la Fiscalía ni el Gobierno (a través del abogado del Estado) instaron entonces la ilegalización del partido; sólo impugnaron 133 listas, dejando vía libre a otras 135.

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