(PD).- Cabe suponer que el juez Andreu tendrá perfectamente al día su juzgado de la Audiencia, sin lista de espera y con todos los expedientes de su digna instrucción en perfecto estado de trámite; de lo contrario nadie entendería su empeño en juzgar a siete ciudadanos extranjeros por un presunto crimen cometido contra otros ciudadanos extranjeros en tierra extranjera.
Y menos que nadie lo entenderían sus colegas magistrados que tienen convocada una huelga en demanda de medios con los que hacer frente a su desbordada carga de trabajo.
Explica Ignacio Camacho que ABC que concentrarse en la aplicación del evanescente principio de la justicia universal en un país cuya justicia nacional está en estado de colapso es como dar limosna a la Unicef viviendo al lado de un comedor social o una sede de Cáritas. Plausible en el plano teórico, pero contradictorio con las cercanas necesidades prácticas.
Claro que este asunto se entiende algo mejor con la precisión de que los imputados por el juez Andreu son autoridades israelíes, las víctimas eran palestinas y el escenario de autos, la franja de Gaza.
Porque eso nos sitúa ante un conflicto político de gran actualidad y ante un rasero ideológico muy rentable en términos de opinión pública.
Desde que el Constitucional avaló la competencia de nuestros tribunales para juzgar crímenes contra la Humanidad se ha dado curso a muy pocos sumarios, pero todos ellos relacionados casualmente con el criterio dominante en el imaginario políticamente correcto de la izquierda, que es el que proporciona protagonismo y prestigio en la esfera hemipléjica de la progresía universal.
Procesar a los hermanos Castro por atentado permanente contra los derechos humanos, a Putin por genocidio en Georgia y Chechenia o a líderes de Hamás por terrorismo indiscriminado otorga poco predicamento en el canon del progresista perfecto que sabe distinguir a los buenos de los malos.
De todas maneras, la citada sentencia del Alto Tribunal puede convertir a nuestra justicia, como el Gobierno no regule pronto la ley de procedimiento correspondiente, en la casa de Tócame Roque. Si vamos a erigir un Tribunal Penal Internacional que eche la pata al de La Haya conviene dotarlo de jurisdicción propia, o de lo contrario no habrá magistrado que resista la tentación de garzonear por su cuenta, o mejor dicho, a cuenta de los contribuyentes que esperan la resolución de sus numerosísimos (dos millones nada menos) pleitos pendientes.
Puesto a desfacer entuertos universales, el tradicional quijotismo hispánico amenaza con acabar emprendiéndola contra cualquier molino de viento que se agite en el afligido horizonte del planeta.
Y para eso no basta con la Audiencia Nacional; será menester crear una Audiencia Universal en la que Garzón y sus epígonos den rienda suelta a ese furor justiciero que tan estrecho se les queda en los márgenes del delito patrio. Como diría Don Mendo, cuatro garzones son pocos… ¡hacen falta más garzones!
