(PD).- Circula por internet un mensaje en cadena que pondera con ironía, comparando nuestra estructura de gasto público con la de Estados Unidos, lo ricos que debemos de ser los españoles para costear tantas administraciones y tantos funcionarios y para pagar tantos impuestos y derrocharlos luego con generosidad de contribuyentes alegres y dispendiosos.
Dice Ignacio Camacho en ABC que es una reflexión llena de mala leche que deja el sabor agridulce del ingenio atinado; provoca al tiempo la sonrisa del sarcasmo y el reconcomio de la razón que lleva al describirnos como un país disipado que malgasta sus recursos con estúpida prodigalidad descontrolada.
Nada que no se sepa, pero que resulta especialmente hiriente en una coyuntura de crisis, cuando esos recursos dilapidados contrastan con la creciente angustia de tantos ciudadanos abocados al desempleo, a la devaluación de su patrimonio y a la degradación de los servicios públicos.
Cuando ese planfletillo fue redactado aún no se había hecho pública la cifra de tres millones de funcionarios que pueblan el mapa hipertrofiado de cinco administraciones superpuestas —local, provincial, autonómica, estatal y europea— capaces de competir entre sí en la dudosa función de desorganizar nuestras vidas en un caos de competencias.
Y tampoco se había celebrado la anual cita de Fitur, en la que cientos de cargos públicos de todos los partidos e ideologías se desplazan a Madrid —por supuesto a cargo del dinero de sus administrados— con la teórica misión de promocionar el turismo de sus respectivos territorios, cometido a menudo disperso entre varios patronatos y organismos de diferente ámbito competencial para un mismo destino.
En cualquier organización de eficiencia discreta, para esa tarea bastaría la iniciativa privada o, a lo sumo, el concurso de un grupo de empleados competentes seleccionados entre el ejército burocrático de la tupida malla institucional. Pues no.
Una pléyade de concejales, alcaldes, diputados, consejeros y asesores varios confluye de golpe en el machadiano rompeolas de las Españas para pasarse unos días a mesa, mantel, fiesta, estancia y viaje pagados, acompañados de una prensa local invitada con la misión de dar a conocer la fatua expedición de la que los desahogados viajeros deberían avergonzarse desde un mínimo sentido de ética social. Y sin que nadie pida cuentas, ni reclame austeridad, ni examine resultados ni exija detalles de tan superfluo excursionismo.
Más bien se contempla con indiferente naturalidad. Como los cientos de coches oficiales tuneados o sin tunear, los organismos inútiles en sedes fastuosas, el fárrago de cargos sin cometido o los millones evaporados cada año en protocolo y demás parafernalia suntuaria. Todo ese magma de derroche lo asimilamos con conformismo acrítico mientras el Estado acude al déficit para apuntalar el creciente gasto social exigido por la recesión.
Ciertamente debemos de ser un país muy rico y muy sobrado para soportar toda esa prodigalidad con que una casta de supuestos servidores públicos se da la gran vida, gratis total, ajena por completo a los apuros de quienes les pagamos las facturas sin el mínimo atisbo de protesta.
