(PD).- La barrera psicológica de los cuatro millones de parados, de la que tanto parece rehuir el Gobierno, ya es un hecho. Las constantes modificaciones realizadas en el sistema de recuento de desempleo, la ineficacia del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y la exclusión de varios colectivos, entre otras causas, aumentan la cifra de parados que presenta cada mes el Ministerio de Trabajo, en más de 670.000 personas.
Casualmente, fue un mes antes de las pasadas elecciones generales, cuando el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, sacó de las listas oficiales a los demandantes de empleo que estuvieran realizando algún curso ofrecido por el SPEE, es decir, que se encontraran en formación.
Esta reforma, que fue una indicación de la Unión Europea, provoca que no se contabilice actualmente a 241.629 parados, según las estadísticas de desempleo publicadas por el Ministerio de Trabajo en el mes de febrero.
Como explica Inma Pardo en El Economista, esta medida creó una gran polémica en la oposición, que culpó al Gobierno de intentar maquillar las cifras del desempleo, creando una nueva modalidad de parados.
En segundo lugar, se encuentran los demandantes de empleo de disponibilidad limitada, que son aquellos que en su solicitud indican condiciones especiales de trabajo, por ejemplo en horarios, teletrabajo, trabajo a domicilio, etc.
Este colectivo, según el Ministerio de Trabajo, supera la cifra de 150.000 personas. Y aunque están apuntados en el SPEE, no aparecen registrados como parados.
Los desempleados de los ERE
En cuanto a los trabajadores que se ven afectados por un Expediente de Regulación de Empleo de suspensión -empleados que durante un periodo de tiempo no trabajan para su empresa por falta de demanda en la producción, pero que mantienen sus contratos de trabajo con la compañías-, en este periodo pasarán a cobrar la prestación contributiva por desempleo.
En este caso, aunque los trabajadores se encuentren inscritos al SPEE para cobrar dicha prestación, no aparecen reflejados en el total de parados que ofrece el Ministerio, ya que no se encuentran en proceso de búsqueda de un empleo. El número de trabajadores que actualmente se encuentra en esta situación, es decir, afectado por un ERE de suspensión y cobrando la prestación, supera las 50.000 personas.
