(PD).- Seis meses después de la expropiación de Aerolíneas Argentinas a Marsans, por un peso, menos de 50 céntimos, Kirchner viaja a España, “en el marco del acuerdo de asociación estratégica” que mantienen ambos países, según expresión de fuentes próximas a Moncloa. La tentación nacionalizadora de ZP podría recibir sabios consejos por parte de la feroz populista argentina.
Cuenta Ignacio Camacho en ABC que, durante el franquismo era costumbre amortiguar la caída de ciertos ministros haciéndolos aterrizar en la presidencia de algún banco.
Treinta años largos después, los partidos colocan al frente de las cajas de ahorros a ex consejeros autonómicos, alcaldes en cesantía forzosa y hasta concejales jubilados, confirmando aquella sentencia marxista de que la Historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa.
Utilizadas como banca pública sin serlo, las cajas se han convertido en un departamento más del organigrama político, en el que autonomías, diputaciones y ayuntamientos se sienten autorizados a extender sus manejos clientelares.
Colocan en ellas sin rubor a militantes, empleados y hasta chóferes, pugnan por su control con impúdico descaro y comprometen sus cuentas de resultados obligándolas a comerse marrones que jamás cuadrarían con una lógica de beneficios, desde participaciones en parques temáticos ruinosos a avales para industrias en crisis o para operaciones de alto riesgo inmobiliario.
Antes de practicar el peronismo retórico contra la plutocracia, el Gobierno debería de tomar en cuenta dos consideraciones.
Una, que el verdadero peligro para la banca española está en el altísimo intervencionismo que sufren las cajas, y dos, que cuando se emprende el camino de la argentinización se puede terminar como en Argentina: con una crisis de pánico que desemboque en la psicosis del «corralito».
Lo primero que habría de hacer un poder responsable es poner orden en el caos cajista, auténtica amenaza para el conjunto del sistema, obrando en silencio y con la profesionalidad que requiere el hipersensible mundo del dinero.
El Banco de España lleva tiempo intentándolo con discreción y firmeza, tratando de evitar el colapso que supondría una intervención en regla, pero el imprudente vocerío político puede dar al traste con la delicadeza necesaria en esta clase de operaciones de saneamiento.
No deja de resultar curioso que Zapatero haya marginado al organismo regulador en sus escenográficas reuniones con los banqueros. La manía de prescindir de los que saben es un síntoma de la soberbia política. En vez de dejar trabajar a los profesionales, el Gobierno se ha lanzado a la arenga populista para salir del paso.
La tentación nacionalizadora, tan grata a algunos ideólogos de coyuntura, puede provocar un síncope financiero; hasta ahora la banca privada ha sabido flotar bajo la tormenta de la crisis mientras que la parte del sector mangoneada por la política zozobra a merced del oleaje.
Urge abordar esa situación antes de que se escape de las manos; si algún día tiene lugar en España la temida catástrofe financiera, empezará por una caja de ahorros.
