El chota, el pijo, el duro, el madero, el plumilla y el juez

El chota, el pijo, el duro, el madero, el plumilla y el juez

(PD).- En el arrastrado argot de las comisarías es el “chota”. En los ambientes carcelarios es el “soplón” y los periodistas, proclives al eufemismo, lo llamarían “fuente”. El “chota” en esta pringosa trama que va soltando en píldoras el diario El País y cuya cadencia controla el juez Garzón, es José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda.

Hay pocos sentimientos más movilizadores que el rencor y Pepe Peñas lo alimenta a toneladas. Aunque en el fondo, como casi siempre, lo que late es el “maldito parné”, porque Peñas nadaría en la abundancia y no andaría aperreado, si Narciso de Foxá y otros gerifaltes populares no hubieran puesto la proa en 2004 a un jugoso pelotazo urbanístico.

Con la connivencia de Guillermo Ortega, por aquel entonces alcalde de la localidad, y perfecta sintonía con su amigo Juan José Moreno, también concejal, sacaron a concurso dos solares municipales, a 1.300 euros el metro cuadrado, muy por debajo de lo que se pagaba por fincas similares en localidades vecinas.

Decía el insigne Don Ramón y Cajal hablando de España: “desgraciado es el país donde robar a todos se considera que nos es robar a nadie”.

Siglo y medio después, esa frase sigue dolorosamente vigente, porque es con esa filosofía con la que muchos supuestos “servidores públicos” operan en los asuntos de urbanismo y en otras áreas donde se financia con dinero del contribuyente.

Para quien no esté muy al tanto de lo que se traían los citados más arriba, baste decir que el negocio consiste en valor por debajo el bien público, facilitar que se quede con él un amiguete y repartirse las ganancias o percibir, “en crudo y al contado”, una suculenta gratificación.

La jefa de Gabinete de Alcaldía era María del Carmen Rodríguez, esposa entonces de Francisco Correa, el pijo engominado cuya fotografía camino de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar ha salido en numerosas portadas.

FRANCISCO CORREA, EL PIJO

El “pelotazo” de las parcelas infravaloradas por Pin y Pon en Majadahonda lo iba a pegar Correa, soltando 48 millones por lo que valía más de 90.

Casimiro Abadillo revela en El Mundo este lunes que Fernando Martín, presidente de Martinsa, le ha confesado que a él personalmente Correa le exigió 50 millones de euros de comisión por adjudicarle las parcelas de suelo público de Majadahonda que, a la postre, fueron la causa de la destitución del alcalde Guillermo (Willy) Ortega.

Lo que más llamaba la atención en la forma de comportarse de Francisco (Paco) Correa era que daba la impresión de que controlaba el cotarro. Es decir, hablaba con un constructor y le ofrecía la recalificación de un terreno como si fuera suyo.

Si éste le miraba con desconfianza, descolgaba el teléfono y llamaba al alcalde de la localidad donde se iba a perpetrar el atropello.

Tras unos minutos de charla, en la que Paco tuteaba al alcalde y le trataba como si fuera un subordinado, todo quedaba resuelto.

«Mira, es que yo controlo a los alcaldes del PP de Madrid, de Valencia y de Castilla y León», se jactaba, ante el asombro de su interlocutor.

Paco presumía de ser muy amigo de Aznar («fui testigo de la boda de su hija con Agag», era su recurrente coletilla) y, sobre todo, de Alvarez Cascos, sobre el que se atribuía predicamento incluso para las adjudicaciones de obras públicas en su época de ministro del ramo.

«Yo a Florentino Pérez le hice muchas putadas cuando Paco Cascos era ministro», presumía.

A pesar de sus fantasmadas, Correa manejaba mucho dinero («si quería conseguir algo de ti o eras de su círculo íntimo te invitaba a su yate», dice una de sus víctimas) y su capacidad para mover determinados hilos era auténtica.

LOS QUE SE DESMARCAN

En aquella etapa, el municipio tenía tratos con el infausto pijo y adjudicó contratos a Special Events por valor de más de dos millones de euros.

Se desmarcó de la jugada un sector del PP de Majadahonda, encabezado por Narciso de Foxá, lo que desató una bronca de espanto. El caso llegó a la dirección del partido, que sugirió a Ortega que dimitiera alegando razones de salud. Así fue. Luego lo recolocaron, inexplicablemente, en el Mercado Puerta de Toledo.

Su puesto lo ocupó Narciso, quien, avalado por un informe del secretario del Ayuntamiento, declaró desierto el concurso. Además, se produjo la salida del partido -y posterior expulsión- de Peñas y Moreno.

Pin y Pon siguieron como concejales independientes, pero cabreados como monos y dedicados ya a grabar a escondidas, con cámara y micrófono ocultos, todo tipo de reuniones y conversaciones. Fueron ellos quienes hicieron llegar a la Cadena Ser un vídeo en el que, durante una reunión municipal, se escucha decir a alguien del PP que la propia Esperanza Aguirre estaba al tanto de las tropelías urbanísticas.

El resto de los ediles populares, capitaneados por Narciso de Foxá, firmaron un documento en el que se culpaba a Pin y Pon, responsables de la Hacienda y el Urbanismo municipales en los últimos años, de haber causado a Majadahonda un agujero en las cuentas superior a los 30 millones de euros.

Peñas y Moreno, alentados por Correa, se fueron a los tribunales y pusieron demandas a troche y moche.

Ambos comparecieron en las elecciones de 2007 con un partido independiente denominado Corporación Majadahonda. Sacaron apenas un centenar de votos y eso que hicieron una campaña a lo grande, financiada –según cuentan en la localidad- por las empresas del pijo Correa: TCM, Downtown Consulting y Easy Concep.

En 2003, Special Events, la empresa madre de las compañías de Correa en Madrid, había dejado de firmar contratos con Majadahonda.

Correa había detectado ya que Mariano Rajoy y el nuevo equipo de Génova le ponían la proa. De lo que no se había dado cuenta, ni percibió hasta hace muy poco, es que Peñas grababa a escondidas todo lo que hablaba con él.

Tampoco, como les ha ocurrido a las tres docenas de personajes imputados por Garzón, de que los teléfonos móviles no son nada seguros. Basta conocer el número, contar con la tecnología adecuada, pulsar un botón y todo queda registrado.

JOSÉ LUIS PEÑAS, EL CHOTA

Pin, forzado como Pon a buscarse un curro modesto –uno de ellos de bedel y el otro de algo parecido-, lo que debe ser muy duro cuando se ha disfrutado de poltrona como concejal y tirado a mansalva del erario público, no se fiaban ya de nadie y de forma sistemática, consciente y metódica, recopilaban material.

Todo siguió así hasta mediados de 2008. Correa, enfadado también por las oportunidades de negocio que creía haber perdido en Majadahonda y empeñado en “retorcerle las pelotas para que soltase pasta” a Arturo González Panero, alias “Albondiguillas” y alcalde de Boadilla, alentaba a Peñas y le animaba a pelear en los tribunales.

Todo discurrió casi apaciblemente hasta que salió la sentencia y el juez absolvió a los miembros del PP y condenó a Pin y Pon a pagar las costas. Entre abogados propios y ajenos, procuradores y trámites, la broma ascendía a más de 100.000 euros.

Peñas acudió acongojado a Correa, dando por supuesto que este se haría cargo de la minuta. El Pijo, muy al estilo de los de su ralea, lo mandó a hacer gárgaras. Pin amenazó con tirar de la manta, subrayando que ya no tenía nada que perder.

Correa se hizo el longuis. Peñas realizó el amago de ir con todo a la Fiscalía Anticorrupción y hasta hizo escuchar a su antiguo mentor el fragmento de una conversación suya con uno de los fiscales.

El Pijo se llamó andana y furioso, viendo que el otro se desentendía después de haberle prometido hacerle millonario, se presentó en la Fiscalía. Fue el 17 de mayo de 2008 y además de firmar allí una explosiva denuncia, entregó un CD de audio en el que había grabado 15 reuniones con Correa y algunos de sus compinches. Cantó como un loro y solicitó ser «testigo protegido», lo que le concedieron y le permitirá seguir largando y aminorar su penitencia.

EMILIO VALERIO, EL FISCAL

Fue en ese instante cuando entró en juego el fiscal. Y no uno cualquiera, sino Emilio Valerio, socialista de corazón y látigo durante 15 años de alcaldes y constructores hostiles con el medio ambiente.


Ya en 2005 había pedido al juez que citase como imputado al ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, por adjudicaciones de derechos sobre el suelo en Majadahonda, y se tomo el caso a pecho animado por la posibilidad de empitonar de verdad al PP y en concreto al de la Comunidad de Madrid.

En junio, su posición se vio además muy reforzada, al ser nombrado por el Consejo de Ministros teniente fiscal de la Audiencia de Madrid. Valerio -50 años, y licenciado en Ciencias Matemáticas- tuvo a partir de ese instante 250 fiscales a sus órdenes.

Fue en agosto, ya con el paraguas del juez Baltasar Garzón y con la colaboración entusiasta de Juan Antonio González, el todopoderoso comisario general de la Policía Judicial, cuando se pincharon teléfonos a manta y legalmente, para que puedan tener valor probatorio.

A esas alturas, los expertos del PSOE –desde el Ministerio del Interior, el de Justicia y La Moncloa- habían diseñado al detalle la estrategia. El objetivo: la liquidación política del PP como oposición viable. Para lograrlo era esencial marcar los tiempos, controlar el ritmo con precisión e ir escalonando las “sorpresas”.

BALTASAR GARZÓN, EL JUEZ

En el esquema, Garzón es el instrumento ejecutor, la escopeta de una montería en la que Montesquieu –como suele decir Ignacio Camacho- ha resultado abatido a postazos.

La Operación Malaya, a pesar de su enormidad, había quedado en un juzgado local. Lo mismo ocurrió con la trama de Estepona, donde entre las 25 personas detenidas estaban, además del alcalde, el concejal de Economía y Hacienda, el jefe de gabinete de la Alcaldía, el ingeniero de Urbanismo, el arquitecto municipal, la edil de Educación y hasta la concejal de Playas, pero no Patricia Rojo, hija del presidente socialista del Senado.

Patricia, representante del PSOE en la Gerencia de Urbanismo, se evaporó misteriosamente del sumario y a algún diligente funcionario habrá que darle las gracias.

Para darle a la “Operación Gürtel” trascendencia e impacto, había que meterla en la Audiencia Nacional y que cogiera el tema Garzón, en su día número dos de Felipe González en la lista electoral del PSOE y con quien el éxito mediático está garantizado.

Cualquiera que sepa como funcionan esas cosas, adivinará lo sencillo que es esperar a que un determinado juez esté de guardia y simular que el asunto le cae “por casualidad”.

El comisario González puede haber tirado por la borda su ansiado último ascenso -quiere ser director o al menos subdit antes de jubilarse- , por haber cometido la pifia de presentarse el sábado 7 de febrero en la finca donde Garzón y el ministro Bermejo festejaban sus segunda montería del fin de semana, pero siempre ha sido un “hombre del régimen”.

No cazó, no salió al campo y ni siquiera disparó un tiro. Sólo fue corriendo, a toda velocidad en su coche, para llegar a la cena del sábado y «darle un abrazo» al ministro.

En febrero de 1995, después de que se le pagasen 1.800.000 euros al espía Francisco Paesa para que entregase a Roldán, protagonizó la supuesta captura del ex director corrupto de la Guardia Civil en el aeropuerto de Bangkok.

JUAN ANTONIO GÓNZALEZ, EL MADERO

En diciembre de 2000 fue nombrado Jefe Superior de la Policía en la Comunidad Autónoma de Murcia, coincidiendo su mandato con la época en que Juan Antonio Roca realizó multimillonarias inversiones a través de sociedades instrumentales en la región murciana.

En la renovación de las cúpulas de la Policía y la Guardia Civil, emprendida en junio de 2004, dos meses después de la toma de posesión del gobierno ZP, fue situado al frente de la Policía Judicial, puesto que actualmente ostenta.

No es un militante del PSOE, pero los policías suelen trabajar para el que manda. Faltaría menos.

La grabación aportada por Peñas duraba 17 horas y 53 minutos. El cabreado ex concejal, había dado hasta lista de empresas y sospechosos.

Para el comisario González y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal –la UDEF -, aquello era juego de niños.

Con la anuencia de Garzón se pusieron a grabar todo lo que soltaban imprudentemente a través de sus móviles tipos como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez “El Bigotes”, el constructor José Luis Ulibarri y hasta el también millonario José Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol YPF.

La gente, sobre todo cuando se siente en la cima del mundo, larga de todo por el canuto, pero no son estás conversaciones –captadas de forma legal e incorporadas al sumario- las que llegaron a El País.

Restaba sólo elegir el momento para reventar informativamente el asunto y que fecha mejor que en vísperas de las elecciones autonómicas de Galicia y el País Vasco. Oficialmente, desde la Audiencia, se ha filtrado que fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones.

Se afirma y algunos medios de comunicación han “comprado” la averiada mercancía, que los sospechosos estaban al corriente de los pinchazos, destruían documentos y preparaban su salida del país. En concreto, que Correa planeaba escapar a Senegal. Todo farfolla.

Efectivamente, el Pijo tenía viaje proyectado a Senegal, pero para estudiar inversiones turísticas en el país africano y adquirió billete de ida y vuelta.

A él, como a los demás, el pasado 6 de febrero les cayeron encima el juez Garzón, el comisario González y el diario El País, sin que siquiera sospecharan lo que se les venía encima. Prueba de ello es que muchos de los imputados, siguieron hablando como cotorras por los móviles. Ellos y sus chóferes, que escuchaban más de lo necesario y contaban maravillas.

La única excepción fue Ramón Blanco Balín, el personaje de mayor peso. Sólo un mes antes de las detenciones, el nombre de Blanco salió, curiosamente, de los consejos de administración de las firmas vinculadas a Correa (Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani) y fue sustituido en los registros por el de Pablo Crespo Sabarís, ex secretario de organización del PP gallego y hoy imputado.

Algo hace suponer que fue alertado y que el aviso procedía no del entorno de Correa, sino de alguien cercano a la investigación. Siendo de León, como el presidente Zapatero y muchos de los de su entorno, no sería raro que contase con un «buen samaritano» en La Moncloa o sus aledaños.

Juran algunos de su entorno que Garzón no ha filtrado nada y quizá sea verdad, porque en este entramado hay responsables mucho más aficionados que el a alimentar de exclusivas a los plumillas.

FRANCISCO MERCADO, EL PLUMILLA

El pasado 27 de julio de 2007, el fiscal Emilio Valerio fue imputado por un delito de revelación de secretos, según consta en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tuvo que prestar declaración, para intentar explicar cómo llegó a las páginas de El País, un informe relacionado con el “Tamayazo” elaborado por la sección de delitos financieros de la Guardia Civil.

No ha sido la única vez que Valerio ha tenido que enfrentarse a una querella por el mismo motivo. También le denunciaron en 2004, aunque ese primer procedimiento fue archivado, siendo fiscal jefe Mariano Fernández Bermejo, actual ministro de Justicia.

No es Valerio el único “sospechoso”.

A José Luis Peñas, alias “Pin”, se le ha visto no hace mucho en un centro comercial llamado Sexta Avenida, al borde de la carretera de la Coruña y en compañía de un señor ya cincuentón y con poco pelo, que se parecía muchísimo al periodista Francisco Mercado.

Las transcripciones reproducidas por El País y glosadas por el periodista Francisco Mercado –cuya labor sólo puede recibir halagos porque lo ha bordado- son muy jugosas, pero no figuran en el sumario. Fueron hechas con anterioridad a agosto de 2008, cuando Garzón da cobertura legal a los pinchazos.

No habría que descartar que alguno de los nombrados se vaya de rositas, porque no todo ha sido muy católico en la instrucción.

Y lo que es difícil es que los policías, que saben lo que se juegan, se pongan a reescribir informes, para ajustarlos.

Durante meses, dirigentes del PP, cargos públicos, empresarios y mandantes de diversa importancia han sido sometidos a un escrutinio secreto y exhaustivo cuyos resultados van a ir apareciendo en los medios de comunicación al margen de su relevancia penal.

El juicio técnico, procesal, es lo de menos; de lo que se trata es de conseguir un veredicto genérico de condena y escándalo que destroce en pedazos cualquier posibilidad de alternativa política al PSOE de Zapatero.

Antes del 5 de marzo parece improbable que Garzón suelte la presa. Con un maquiavelismo de libro, mantiene difuso el alcance de la “trama corrupta”, para aumentar el efecto de la onda expansiva. Eso explica el goteo de imputaciones y la cadencia con la que va soltando datos.

Cuando llegue el momento, cumplida su tarea, el juez estrella imputará a algunos aforados y dejará el sumario en manos de otros.

Lo que pase después, le importa un comino, porque ha tenido otra vez momentos de gloria y se siente, como les ocurre al comisario González, al fiscal Valerio y al ministro Bermejo, el dueño temporal del Universo.

La doble montería de Jaén no fue una reunión para conspirar, sino una procaz exhibición, una siniestra demostración de arrogancia. Allí no fueron a hablar, sino a festejar y divertirse y en coches oficiales, con guardaespaldas oficiales y con chóferes cuyas dietas paga el sufrido contribuyente.

El diseño de la “Operación Gürtel” –tal como lo ha hecho la Factoría Zapatero bajo la dirección escénica del Gran Rubalcaba, incluye un gran tiroteo final –con «paseos» de notables por las escaleras de la Audiencia- que arrase al Partido Popular ante la opinión pública, pero antes es importante marear a la “presa” durante dos o tres meses.

Y lo van a hacer, a menos que el PP tenga mucha fortuna en Galicia y a Rajoy se le ocurra alguna genialidad. Aunque con casi toda probabilidad esté exenta de culpas, la actual dirección no carece de responsabilidades.

El talante de Rajoy -más dado a comprender que a juzgar- aplazó demasiado tiempo la imprescindible depuración interna, y se optó por la solución de continuidad al relevo de la nomenclatura que demandaba la nueva etapa tras la derrota de 2004.

Pesó la necesidad de mantener la cohesión, y ahora va a pagar esa demora. Todo eso lo saben Zapatero y los suyos, que han manejado este asunto con una delectación implacable.

PRINCIPALES IMPUTADOS

– Pablo Crespo, en prisión preventiva. Ex secretario de organización del Partido Popular gallego. Relacionado con Special Events y Pasadena Viajes. El juez Garzón le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y defraudación fiscal.

– Francisco Correa, en prisión preventiva. Presunto jefe de la trama corrupta. Ligado a Special Events, cuya filial Orange Market, recibe encargos del PP valenciano. Garzón le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, defraudación fiscal y falsedad.

– Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, imputado. Responsable en la Comunidad Valenciana de Orange Market, que ha recibido muchos encargos del PP valenciano. Garzón lo dejó en libertad el pasado jueves. Está imputado por presuntos delitos de blanqueo, cohecho y tráfico de influencias, entre otros.

– Arturo González Panero, imputado. Hasta el pasado martes, alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) por el Partido Popular. Viajó con Francisco Correa a Miami en 2002. Garzón le imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho.

– José Luis Ulibarri, imputado. Constructor con el que supuestamente Correa hacía negocios para lograr recalificaciones urbanísticas. Preside el grupo Begar, dedicado a la construcción y las telecomunicaciones. Imputado por tráfico de influencias y cohecho, entre otros.

– Guillermo Ortega, imputado. Ex alcalde de Majadahonda (Madrid) con el Partido Popular, y hasta el lunes, gerente del Mercado Puerta de Toledo. El juez le imputa los presuntos delitos de blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

– Alberto López Viejo, investigado. Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid destituido la pasada semana y parlamentario madrileño. Amigo de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama. La investigación trata de averiguar si fue sobornado por la red.

– José Ramón Blanco Balín, imputado. Ex consejero delegado de Repsol YPF y socio de la empresa Orange Market. El juez Garzón le imputa los presuntos delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

LISTA COMPLETA DE LOS 34 IMPUTADOS:

1. Andrés Bernabé Nieto

2. María del Carmen Rodríguez Quijano

3. Jacobo Gordon Levenfeld

4. David Luís Cerezo

5. Paula Seco de Herrera López

6. Mónica Magariños Pérez

7. Carmen Luís Cerezo

8. Antonio Herrero González

9. Guillermo García Coello

10. José Ramón Blanco Balín

11. Álvaro Pérez Alonso

12. Pablo Collado Serra

13. José Luís Izquierdo López

14. Fernando Torres Manso

15. José Javier Nombela Olmo

16. Cándido Herrero Martínez

17. María Victoria Romero Párraga

18. Luís de Miguel Pérez

19. Joaquín García Mármol

20. Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado

21. José Luís Ulibarri Comerzana

22. Arturo González Panero

23. Guillermo Ortega Alonso

24. Felisa Isabel Jordan Goncet

25. Francisco Javier Pérez Alonso

26. Manuel Delgado

27. José Antonio López

28. Guillermo Martínez Lluch

29. Juan Pérez Mora

30. Jesús Calvo Soria

31. Carlos Ignacio Hernández Montiel

32. Juan Antonio, del despacho R. Blanco-Guillamot

33. Carmen, del despacho R. Blanco-Guillamot

34. Juan Manuel Jiménez Bravo

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