NO ACTIVAR¿Qué «gran empresa» apoquinó la factura de la cacería de Garzón y Bermejo?

(PD).- En el Código Penal no está tipificada la conducta «inoportuna» o «indecorosa» pero sí el cohecho. En su artículo 426 dice: «La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses». ¿Quién pagó los 30.000 euros de la primera jornada de la cacería de un juez y un ministro? Lo abonó una gran empresa española. ¿Encaja este hecho en el precepto penal? ¿Qué hace la fiscalía que no investiga los 30.000 euros que costó la montería, justo lo mismo que cuestan los trajes de Camps -y que sí investiga-?

El tema está sobrepasando ya lo chusco. Conforme se van conociendo más y más «inoportunidades» -como las califica el afectado- sobre la afición cinegética de Bermejo, el ministro de Justicia va mudando el gesto y de la soberbia va pasando a la preocupación.

Desde que se conociera que tanto el ministro de Justicia, como el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con el jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, habían pasado el fin de semana cazando, coincidiendo con la puesta en marcha de la operación contra la corrupción que podría afectar al Partido Popular, desde entonces, los acontecimientos han ido en cascada.

Primero se ha sabido que Mariano Fernández Bermejo cazó en la finca de Estado de Quintos de Mora (Toledo). Preguntado sobre ello en rueda de prensa, declaró que «claro» que lo confirma, y lo defendió sin problemas: «Quintos es una finca del Estado con un plan cinegético que permite cazar todos los días del año».

«Pero claro, pero hombre por Dios ¿cómo no voy a confirmar que cacé en Quintos de Mora?, si quiere cuento más cosas, pero creo que ya resulta un poco aburrido, recuerde no es la caza, es la corrupción».

Una cacerías en una finca nacional que al ministro le salían «gratis total».

Además, el ministro de Justicia ha reconocido que ha cazado en la Comunidad Autónoma de Andalucía sin tener la licencia obligatoria para hacerlo.

Durante una entrevista en el programa de Telecinco ‘La mirada crítica’, el ministro admitió la información publicada por el diario El Mundo, según la cual su nombre no consta en la base de datos que incluye a todos los cazadores habilitados en Andalucía, a pesar de que ha estado cazando en esa comunidad.

«Lo lamento, tendré que sacar la licencia inmediatamente».

De lo «indecoroso» a la falta administrativa. Y de ahí, ¿al delito?

GARZÓN Y BERMEJO NO PAGARON LA CACERÍA

Tanto el juez Garzón y el ministro Bermejo se mofaron de quienes les criticaron por haber estado juntos en la doble cacería de Jaén. Pero ni uno ni otro han dado todavía explicaciones sobre los 30.000 euros que costó la primera parte del evento. La «factura» del viernes, la de Andujar, ha sido saldado por un «ejecutivo de confianza», que tiene como nombre de pila «Juan Carlos», estuvo también pegado tiros y trabaja a las órdenes de una gran y prestigiosa empresa española.

Los 1.000 euros de los que habla Bermejo, como todo cazador sabe, son calderilla si hablamos de un puesto en una montería como a las que acostumbra el ministro y sus amigos del Poder Judicial.

La segunda montería, la realizada el domingo en Torres, les salió a todos gratis, porque invitaba el empresario. Fue un «descaste», precedido de una cena multitudinaria a la que asistió -«para saludar»- hasta el comisario Juan Antonio González.

La primera, la de Andujar, fue otra cosa más restringida, porque era de pago y la explicación del ministro no es convincente.

El ministro ha afirmado que no tuvo conversaciones privadas con Garzón porque cuando hablaron había «unas cincuenta o sesenta personas» delante, y ha atribuido lo que ocurre en el PP a las «luchas internas de poder» que existen.

MÁS CACERÍAS JUNTOS

La cacería en la finca Cabeza Prieta de Torres (Jaén), que ha levantado una auténtica polvareda política, no es la única ocasión en la que, en los últimos tiempos, han coincidido el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. También ha trascendido que el pasado 24 de enero participaron en una cacería en un coto de Talavera de la Reina, en Toledo, y dos meses antes los dos celebraron una cena en el restaurante Casa Amancio de Villamayor (Piloña), la noche antes de que el titular de Justicia participase en una cacería del coto de Monte Cayón, del que es socio desde hace ocho años.

La relación de Bermejo con el coto del Monte Cayón data de hace ocho años, según personas cercanas a la empresa cinegética. Al Ministro le convenció para que acudiese a Monte Cayón un abogado piloñés, Juan Carlos Cernuda. Nacido en Villamayor, el abogado está afincado en Madrid y es un habitual de las cacerías en Monte Cayón, donde anualmente se organizan decenas de batidas. La cena en Casa Amancio corrió por cuenta del abogado y empresario de seguridad piloñés que es hijo del propietario del establecimiento, según informa el diario La Nueva España.

Respecto a este encuentro y cena, el Minisiterio de Justicia ha indicado que «si eso fuera así forma parte de la más absoluta normalidad entre personas que comparten una misma afición».

Allí, el juez Garzón «se siente como en casa» y previamente a la cena, a partir de las 20.30 horas, a la que asistieron más de una veintena de invitados, escanció a distro y siniestro sidra que se acompañó con chorizo asado. Después, en un ambiente festivo, pasaron al comedor, donde se prepararon mesas corridas para los comensales.

Además del juez Garzón y el ministro de Justicia Bermejo, acudieron la consejera de Admnistraciones Públicas y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, el presidente alcalde del PSOE de la parroquia de Villamayor, Andrés Rojo, y el también alcalde socialista de Piloña, Camilo Montes.

Estos encuentros, que han levantado grandes suspicacias, se produjeron en el momento álgido de la operación anticorrupción contra personas ligadas al PP, y que este partido considera un simple ataque para perjudicar su imagen a menos de veinte días para las elecciones gallegas y vascas.

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