Las cacerías indiscriminadas de «sin papeles» de Rubalcaba para ocultar la ola de delincuencia

Las cacerías indiscriminadas de "sin papeles" de Rubalcaba para ocultar la ola de delincuencia

(PD).- Rubalcaba sufre tics franquistas. Crecen los delitos en paralelo al desempleo pero el titular de Interior oculta sistemáticamente los datos sobre el aumento de la delincuencia. Para contrarrestar la criminalidad, ha ordenado la cacería indiscriminada de inmigrantes como si fueran estos colectivos los culpables. De tiempos de los grises.

Ya lo advertía Ignacio Cosidó en el informe elaborado para FAES: Rubalcaba oculta la verdad. El ministro ha convertido los datos sobre delincuencia «en un secreto de Estado». El Gobierno oculta el detarioro de la seguridad ciudadana mientras se escuda en cifras incompletas y manipuladas.

Según el citado informe (PDF), los indicadores muestran que el crecimiento medio de la criminalidad desde que Zapatero ha llegado al Ejecutivo es del 4% anual. Los delitos de robo con violencia han aumentado un 4% desde 2004 mientras que aquellas acciones contra el patrimonio ascendieron casi un 6%. Los delitos contra la vida, la integridad y libertad de las personas se dispararon desde el mismo periodo hasta un 30%. Además, crímenes como los secuestros exprés o asesinatos entre bandas rivales, prácticamente desconocidos en nuestro país, copan las páginas de sucesos todos los días.

Unos datos que contradicen a los aportados por el propio Rubalcaba y que incluso difieren con los aportados en años anteriores por su propio Ministerio. Según los datos del ministro, la tasa de infracciones es de 47,5 cada mil habitantes; cifra que obtiene al ‘reducir’ la población en España al descontar Cataluña. Si se atiende al censo del INE, la tasa de criminalidad aumenta hasta cuatro puntos.

Ante estos datos, el ministro ha decidido tomar cartas en el asunto. En una medida insólita y propia de un régimen estalinista, Rubalcaba ha dado la orden al Cuerpo Nacional de Policía de detener cada semana a un cupo determinado de inmigrantes y, en un ejercicio de cinismo, que sean preferiblemente marroquíes ya que es más económica la deportación.

Así consta en una nota interna de la Jefatura Superior de Policía de Madrid a la que tuvo acceso Europa Press hace unos días, en la que se ordena detener semanalmente a un número determinado de indocumentados en función de la población de cada distrito. Por ejemplo: «Villa Vallecas, objetivo=35».

Si los agentes no consiguen llegar a este cupo semanal, añade la nota, pueden cruzar los límites de su ámbito de actuación e ir a «buscarlos [a los inmigrantes] fuera del distrito».

El ministro y la Policía lo niegan pero ONGs y colectivos sociales tienen documentados varios casos. Incluso los sindicatos policiales han reconocido que «en algunas comisarías dan días libres por hacer estas prácticas».

«Rubalcaba no tiene a quién pedir responsabilidades»

Cosidó, en declaraciones a PD, explica que las instrucciones del Ministerio a la Policía está vinculando a la inmigración con la delincuencia, cuando «la relación está entre marginalidad y delincuencia».

Para el diputado popular, la prueba de que Rubalcaba está detrás de estas órdenes es que no se ha visto capaz de pedir responsabilidades.

Estas instrucciones existen. Rubalcaba ha dicho que no ha dado la orden en el Ministerio culpando así a los policías de base. Pero la prueba de que es cosa suya es que a pesar de la gravedad del asunto, no ha podido pedir responsabilidades políticas.

Entiende que España se está convirtiendo en un país importador de delincuencia. «Antes», asegura, «no se oía hablar de ajustes de cuentas entre bandas del este, de asaltos a viviendas o de asesinatos en las puertas de las discotecas».

Esto se debe a que al PSOE «le cuesta encontrar un término medio»:

Hemos pasado de los papeles para todos a las redadas está la aplicación de la Ley. El Gobierno no entiende que se puede ser eficaz en la lucha contra la delincuencia, la inmigración ilegal o contra el terrorismo respetando la Ley y cumpliendo escrupulosamente con el Estado de Derecho.

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