El juez Garzón maniobra para imputar en la trama de Correa a un parlamentario del PP

El juez Garzón maniobra para imputar en la trama de Correa a un parlamentario del PP

(PD).- El presidente valenciano, Francisco Camps; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, pueden no ser los únicos cargos públicos implicados en la trama de «dádivas y sobornos» que maneja el Baltasar Garzón y que se desde la esfera del PSOE se va filtrando en dosis a El País.

El juez ha pedido nuevos informes a la Fiscalía Anticorrupción sobre aforados, cuya identidad no ha sido revelada debido al secreto del sumario. Según las fuentes de Periodista Digital, la persona a la que apunta Garzón tiene un cargo relevante en el PP y procede de una de las comunidades autónomas que más votos, apoyo y militantes aportan a los populares.

En las grabaciones que dieron lugar a la Operación Gürtel aparece mencionado Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, cuyas eventuales responsabilidades deberían ser exigidas ante el Tribunal Supremo. Otro de los posibles aforados que aparece en las grabaciones es Esteban González Pons, diputado y vicesecretario de comunicación del PP.

HILO TENUE Y CHARLETAS

El hilo para «coser» a este aforado al sumario, sería la amistad que tiene con uno de los empresarios imputados. No existen pruebas concretas de nada relevante, pero -como se hizo con el presidente Camps-el juez jugará la baza de una declaraciópn, que alguien hace a alguien. Y antes de inhibirse, le dará una buena patada y un nuevo quebradero de cabeza a Rajoy.

Alguno de ellos debe responder ante un tercer órgano que no es ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -donde se investigará a los aforados madrileños- ni el de la Comunidad Valenciana, el que correspondería a Camps.

Cuenta Manuel Altozano en El País que justo antes de abandonar la Audiencia Nacional para ingresar en un hospital madrileño por una fuerte subida de tensión, el juez redactó una providencia que sugiere la implicación en la causa de nuevos parlamentarios, nacionales o autonómicos, o miembros de gobiernos regionales, cuyos delitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser investigados por el Tribunal Supremo (diputados, senadores y miembros del Gobierno central) o los Tribunales Superiores de cada comunidad (parlamentarios autonómicos y miembros de gobiernos autónomos).

La fiscalía remitió el pasado miércoles al juez un escrito en el que le informaba de que la totalidad de la causa debía pasar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar los presuntos delitos de López Viejo, Martín Vasco y Bosch-, salvo una parte desgajable que correspondería al de la Comunidad Valenciana, que instruiría todo lo relacionado con Camps.

Sin embargo, en la providencia de ayer, Garzón anuncia que ha solicitado a Anticorrupción otros dos informes «en relación con las personas aforadas» antes de inhibirse a favor de otros tribunales, lo que indicaría que existen nuevos parlamentarios o gobernantes regionales implicados en la causa.

Alguna de los cargos públicos aforados, según se desprende de la providencia, tendría que responder ante un tercer tribunal, que podría ser el Tribunal Supremo u otro tribunal superior de justicia de un comunidad autónoma -que no es ni el de Madrid ni el de la Comunidad Valenciana-. Lo indica el hecho de que, en su resolución de ayer, el juez reclame «con carácter urgente» al servicio de reprografía de la Audiencia «tres juegos de copias de las actuaciones» sobre la trama corrupta. Dos de ellas irán previsiblemente a los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, respectivamente, para que estos decidan si son competentes para investigar a los aforados de esas comunidades. La tercera debería remitirse a otro tribunal, según fuentes jurídicas.

En las grabaciones que dieron lugar a la Operación Gürtel aparece mencionado Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, cuyas eventuales responsabilidades deberían ser exigidas ante el Tribunal Supremo. El supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, dijo en una de sus conversaciones a su interlocutor: «Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene». Otro de los posibles aforados que aparecen en las grabaciones es Esteban González Pons, diputado y vicesecretario de comunicación del PP.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron ayer que se habían quedado «sorprendidos» y «descolocados» con la última resolución de Garzón. Esas fuentes aseguraron que uno de los aspectos sobre los que el juez ha solicitado informe es sobre si puede seguir instruyendo una vez que se haya inhibido.

El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el instructor que acuerde la inhibición a favor de otro «seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo».

El juez pretendía inhibirse el próximo lunes, según fuentes jurídicas, aunque la resolución podría dilatarse debido a los problemas de salud por los que ayer fue hospitalizado. Una vez tomada su decisión enviará las copias del sumario a los tribunales que competentes para investigar aforados, para que decidan si lo son y respecto a qué personas. Mientras, seguirá investigando.

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