(PD).- Es de chufla. El juez Garzón se ha puesto a jugar a las adivinanzas. El País dijo que Esteban González Pons, Luis Bárcenas y Gerardo Galeote estaban implicados en la trama. El juez corrigió: no habían dado en el clavo con Pons. El PP ya ha ampliado su querella contra el juez por las continuas filtraciones. Hasta la fiscalía, siempre tan sumisa, está causando «fuerte malestar» por sus «formas arbitrarias». Y todo está ocurriendo en plena campaña electoral…
La forma en la que Garzón está utilizando el secreto sumarial en el proceso sobre la presunta corrupción del PP y el «goteo» de cargos populares cuya implicación sugiere el juez, amagando continuamente pero sin terminar de elevar el caso a los órganos judiciales que pudieran ser competentes, está causando un «fuerte malestar» en la Fiscalía Anticorrupción, según informa María Peral en El Mundo.
Entre los fiscales no está gustando en absoluto esa especie de «secreto sumarial de quita y pon» del que se está valiendo el juez Baltasar Garzón para extender la sospecha sobre indeterminados cargos del PP, un secreto sumarial que, al mismo tiempo, impide que el Ministerio Público pueda explicar el fundamento de la posición que está manteniendo en el proceso.
El Partido Popular ha decidido ampliar la querella que ha presentado en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las filtraciones que ha habido a lo largo de la jornada en torno a los parlamentarios del PP implicados en el caso Cacería tras la última providencia del juez en la que apunta a aforados nacionales. Según la SER y El País, Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador y Gerardo Galeote, eurodiputado, serían los imputados por Garzón para poder enviar el caso al Supremo.
El PP acusa al juez de «romper descaradamente, de nuevo, el secreto de sumario» al salir a «desmentir expresamente» que el diputado del PP Esteban González Pons estuviese implicado confirmando así «negativamente que son o pueden serlo los aforados» citados en distintas informaciones. En un comunicado de prensa, el PP anuncia que va a presentar esa ampliación de la querella por la «huida hacia delante» del juez «para retener la competencia sobre una causa que no es suya y seguir filtrando durante el proceso electoral hasta el 1 de marzo, para dañar al PP».
EL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, EN DEFENSA DE GARZÓN
A su vez, la Comisión Permanente del CGPJ ha redactado una resolución para exigir que cesen los ataques contra Baltasar Garzón. «¿Atacan a Garzón?», se plantea Manolo Martín Ferrand en ABC:
Si así fuera la Comisión, más que producir prosa jurídica, uno de los hábitos nacionales más pelmazos, debiera haberse personado en el juzgado de guardia para denunciar el desacato. No es bueno que nadie ataque a nadie. La convivencia exige sosiego y buenas maneras y, según demuestra la experiencia, un juez tan estelar como Garzón cursa, sea cual fuere su actuación, con gran alboroto. Lo de los ataques es nuevo y servirá para enriquecer el mito de un juez justiciero y transformista que, después de ejercer en los tres grandes poderes del Estado, vuelve por donde solía.
El PP ha presentado ante el Supremo una querella por prevaricación contra Garzón. Entienden que su señoría no obró con la diligencia debida, y no se inhibió del caso, al encontrar aforados en su investigación sobre una trama de sobornos en instituciones gobernadas por miembros del partido que preside Mariano Rajoy. Esa querella prosperará o no; pero no debe ser entendida como un ataque que pueda «perturbar» al acreditadamente imperturbable Garzón.
Aquí y ahora, el Estado presenta desconchones que nos avisan de su fragilidad. Si en ese ambiente, mientras las diecisiete porciones que lo integran hacen de sus capas diecisiete sayos, la tendencia a judicializar los hechos de la vida política y la facundia protagónica que ostentan algunos jueces pueden ser elementos que contribuyan a la demolición de ese Estado que, aunque deficiente y con sus poderes sin deslindar suficientemente, es el único que tenemos.Garzón, en razón de su zigzagueante biografía, no contribuye a reforzar la certeza que puede inducirnos a la confianza en la Justicia. Tampoco personajes como el vicepresidente del Poder Judicial, que son capaces de convertirse en defensores audiovisuales de un poder al que sirvieron, en excedencia -¡malditas sean las excedencias!-, con anterioridad al cargo que ocupan tanto por sus méritos como por las cuotas que pactan los partidos políticos en exhibición de desvergüenza constitucional. Así, con un Poder Legislativo que no es suficientemente representativo, con un Ejecutivo incapaz de enfrentarse con resolución y solvencia a las crisis que nos angustian y un Judicial revuelto y no siempre luminoso, vamos tirando. Lo que no se sabe es hacia dónde.
