(PD).- La Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid ha aprobado el dictamen propuesto por el PP -que exculpa al Gobierno regional de toda responsabilidad-, con los votos particulares del PSOE e IU, que señalan a Esperanza Aguirre como «máxima» responsable y exigen el cese del consejero Francisco Granados.
El dictamen del PP, de 62 páginas, ha sido aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión de tono solemne y tenso, en la que el PSOE e IU han vuelto a criticar el cierre anticipado de la comisión.
El grupo socialista, que anunció que no acudirá a los actos de Aguirre en protesta por el cierre de la comisión, ha confirmado que pedirá por ello amparo al Tribunal Constitucional, y ha dado a sus conclusiones el carácter de «provisionales» por provenir de una comisión «inconclusa».
IU y PSOE dieron por acreditado en sus conclusiones que hubo espionaje político desde la Comunidad de Madrid y que Esperanza Aguirre «es la máxima responsable política» del espionaje.
Así lo han asegurado sus portavoces parlamentarios, Inés Sabanés y Maru Menéndez respectivamente, en sus propuestas de dictamen de conclusiones de la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid, que se cerró la pasada semana tras sólo tres sesiones.
Por su parte, el PP en la Asamblea dice en su dictamen de conclusiones que el Gobierno regional no ha amparado ni conocido ningún espionaje a políticos.
«El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona», asegura la primera de las conclusiones del dictamen que el PP presentó en el registro de la Asamblea de Madrid.
Asimismo, los populares creen que la «comisión de investigación no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario ‘El País’ y confía en el total esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso».
En la línea con las tesis que el Grupo Popular ha defendido, su dictamen se remonta a épocas del Gobierno de Joaquín Leguina para explicar la creación de un equipo de seguridad en la Comunidad y resalta que el grupo «se potenció» con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
Los populares defienden que todos los comparecientes dependientes de la cartera de Granados «han declarado bajo juramento» que no han ordenado, ni amparado ningún seguimiento, informe o espionaje y en esta línea, destacan que ha quedado acreditado que los supuestos partes de seguimiento, origen de los trabajos de la comisión, «no son ni documentos de la Consejería ni tan siquiera corresponden en muchos casos con las agendas oficiales».
Dentro de los presuntos partes, resaltan que «carecen del rigor exigible para merecer la mínima consideración por parte de los profesionales de la seguridad con décadas de experiencia» y hacen referencia también a los análisis grafológicos realizados por el presidente de los peritos Castor Iglesias que, a su juicio, indican que «las anotaciones manuscritas aparecidas en algunos de los supuestos partes no se corresponde con la de las personas que han apuntado las informaciones periodísticas como presuntas autoras».
El cese de Granados
Por su parte, el PSOE deja la responsabilidad en Aguirre y pide el cese de Granados. Destaca que las conclusiones no pueden darse por definitivas ya que la comisión no ha acabado su plan de trabajo ni ha apurado sus plazos, ya que tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo, y «no puede, por mucho que pueda convenir el Grupo mayoritario en la Asamblea ir contra sus propios actos» terminando antes y no dando voz a toda la lista de invitados calificados por la mesa.
«La comisión debe reanudar su trabajo de forma inmediata escuchando a los 18 comparecientes que faltan para completar a los 29 que han sido admitidos por la propia comisión», defienden los socialistas como primera conclusión de los trabajos del órgano parlamentario y reclaman que no haya un «cierre en falso» de la misma. Además, dicen que de no reanudarse los trabajos pedirán amparo al Tribunal Constitucional.
Acusan al PP de «ocultar hechos y consecuencias derivadas de la trama de espionaje político que ha existido en (la) Comunidad» y reseñan que como consecuencia del abrupto cierre «parece obvio que (los populares) saben y temen que ni su control ni su mayoría serían capaces de tapar o disimular la inconstable verdad de los hechos y de sus autores».
Critican que no comparezcan los miembros del PP presuntamente espiados como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, o el ex consejero de Justicia Alfredo Prada y resaltan que las informaciones de ‘El País’ sobre presuntos espionajes «aportan pruebas irrefutables» de la trama, que ésta «está relacionada con las peleas internas por el control político o económico del PP» y que «la mayoría de los espiados son o han sido rivales directos de doña Esperanza Aguirre en el seno del PP, tanto en el madrileño como en el nacional».
Contradicciones
Tras criticar las «contradicciones» en las declaraciones de altos cargos de la Consejería de Granados, que, a su juicio, desvelan la existencia de tres equipos de seguridad liderados por el asesor de Seguridad, Marcos de Seguridad, el director del área de Seguridad, Sergio Gamón, y del director general de Seguridad, Enrique Barón, los socialistas recomiendan eliminar el puesto de Gamón, eliminar 7 de los 9 asesores de seguridad dependientes del consejero y reformar el reglamento de la Cámara para evitar que una comisión pueda ser «manipulada».
IU defiende que los datos conocidos de los presuntos seguimientos y su «muy mayoritaria coincidencia con las agendas pública y privada de los espiados, dan credibilidad a la existencia de una estructura organizada para obtener información sobre personas al margen de la legalidad».
Critica la «falta de interés» por parte del Gobierno regional para investigar los hechos el «veto» a los espiados y el «manejo» que se ha hecho de la comisión les hacen concluir que «el Gobierno regional es responsable también por omisión de que no se sepa la verdad». Así, critican la «estrategia de desmentir acusaciones en lugar de averiguar la verdad» con el «contrainforme» caligráfico y la investigación interna y lo tildan de «comportamiento autoinculpatorio».
Concluyen que sí ha habido espionaje, que Aguirre «tiene algún tipo de diferencia política importante» con todos los espiados, que los presuntos espiados, como Prada o Cobo, no han podido comparecer y que todas las actuaciones del Ejecutivo de Aguirre «han ido en la dirección de impedir la profundización de las investigaciones» lo que «ha impedido la demostración efectiva de alguna de estas afirmaciones en el seno de la comisión».
