(PD).- El presidente Camps no tiene que demostrar que pagaba sus trajes. Son sus acusadores quienes deben probar que no los pagaba y que hacía millonarios favores a Correa y sus tropa a cambio de la ropa. Pero el asunto merfece una explicación y cuanto antes. Lo mismo pasa con el juez Garzón, de quien ayer decíamos que cobró 25.000 euros por una hora de conferencia en México e hizo turismo «gratis total» en la Amazonia peruana y hoy se sabe que percibió de la UGT 12.000 euros por una charleta de una hora, que fue adornada por viaje en busines a Asturias y opipara comida en restr con una estrella Michelín.
Cada día que pasa salta una liebre. Y cada vez se hace más patente que personalidades de la vida pública española han tenido un comportamiento entre ilícito y desvergonzado en el ejercicio de sus respectivos cargos.
La instrucción del «caso Gürtel» por parte de Garzón ha colmado la paciencia de la Generalitat valenciana, que ha anunciado que cuando el proceso judicial concluya emprenderá acciones legales contra el magistrado por atentar, en su opinión, contra el «honor y la dignidad» de su presidente.
Pero eso no es suficiente, porque este pringoso asunto se esta dirimiendo -sobre todo- en los medios de comunicación y la imagen que está cuajando entre la ciudadanía es que la Política es un lodazal, en el que unos cuantos listos se lo llevan crudo, y que la Justicia es cualquier cosa menos imparcial.
Hay que establecer una distinción fundamental en relación con el caso Gürtel que también es el caso Garzón.
Hay cosas que no pueden hacerse porque violan directamente la ley, como cobrar y pagar comisiones o embolsarse cantidades millonarias a la vez que un sueldo sin comunicárselo al CGPJ.
Pero también hay cosas que, aunque no sean ilegales, los responsables políticos o judiciales no deben hacer, como recibir regalos valiosos de quienes pueden tener intereses en juego, sean coches, trajes, viajes o cacerías; o cobrar cachés de lujo por dar la misma conferencia en distintas partes del mundo desatendiendo sus obligaciones.
Ni lo uno ni lo otro resulta éticamente presentable.
El diario El Mundo revela este lunes que la Fundación Asturias, de UGT, pagó 12.000 euros más gastos a Garzón por una conferencia en Avilés. También sufragó los gastos de viaje del magistrado -ida y vuelta en business con Iberia en el mismo día- y una comida en el restaurante del Real Balneario de Salinas, con una estrella Michelín. Y a eso hubo que sumar 3.000 para el intermediario y los gastos de viaje y manutención de su guardaespaldas.
«Libertad y seguridad. Los retos para una nueva ciudadanía» era el título de la intervención que mes y medio después, repitió en Monterrey (México) con un contenido similar.
La inmoralidad no afecta sólo al juez -que dedica más tiempo a su promoción personal que a la instrucción y por eso tiene casos sin resolver como el del chivatazo a ETA-, sino también a UGT.
¿Así se defiende a la clase obrera? ¿Debe un sindicato gastarse el dinero en conferencias sobre asuntos abstractos a las que sólo asiste un centenar de capitostes y amiguetes? En el mismo terreno hay que situar el asunto de los trajes de Francisco Camps, supuestamente pagados por la empresa de Alvaro Pérez.
Será muy difícil que el episodio adquiera el contenido penal de «soborno en especie» que pretende Garzón, pero también hemos dicho que, desde el punto de vista político, Camps tiene un problema.
El relato del sastre en El País -al margen de las contradicciones sobre la forma de pago de la ropa- es un elemento más que acrecienta la verosimilitud de que Camps no abonaba siempre sus trajes.
Además, la imagen de un presidente autonómico al que un sastre le toma medidas en un hotel de lujo no es la imagen más adecuada de un gestor sobrio y austero en tiempos de crisis.
Hasta ahora, el dirigente valenciano se ha defendido apelando a su honor e insistiendo en que se paga los trajes. Sin embargo, su palabra no basta para hacer frente al problema político. Es necesario que lo demuestre con pruebas, igual que Jesús Sepúlveda tiene que probar que Correa no le regaló el Jaguar.
Si fuera cierto que le pagaban los trajes -y cada día aparece un indicio que lo hace más creíble-, Camps estaría en una situación delicada, puesto que en vez de admitir lo que no habría pasado de ser un desliz superable, ha comprometido su palabra al negarlo todo.Y aunque en España no existe la estricta vara de medir de otros países sobre los políticos que no dicen la verdad, su futuro se vería muy comprometido.
Del mismo modo, la dirección del PP -que abrió una investigación interna sobre el supuesto espionaje de Madrid sólo con informaciones de prensa- tendría que afrontar este problema de forma realista si no quiere que acabe afectando a la credibilidad del propio partido.
