Abogados y economistas de la Costa del Sol critican el secreto del sumario del ‘caso Astapa’ sobre la corrupción en Estepona

(PD).- El caso Astapa saltó a la luz en junio de 2008 conmocionando la localidad de Estepona (Málaga). Se produjo la detención del entonces alcalde socialista Antonio Barrientos, cuatro ediles del PSOE de su equipo de gobierno, y dos antiguos socios de la formación posgilista PES, además de una docena de técnicos, empresarios de la construcción y abogados. La causa desmontó el Ayuntamiento esteponero y puso en evidencia su lamentable situación económica, sin presupuestos para 2009 y con una deuda a la Seguridad Social y proveedores de 96 millones. La Asociación de Juristas y Economistas Libres de la Costa del Sol (AJURES) ha emitido el siguiente comunicado de prensa antes las últimas actuaciones judiciales:

Tras la reciente publicación de un auto (El Mundo, 23/02/09) de la juez Virtudes Molina, susti- tuta de Isabel Conejo en la instrucción del “caso Astapa”, en el que ordena la prórroga del secreto de sumario sin hacer constar fundamento jurídico alguno salvo una sucesión de “x”, argumentando que la ocultación de tal fundamento obedece a la necesidad de salvaguardar el secreto de las actua- ciones, la Asociación de Juristas y Economistas Libres de la Costa del Sol (AJURES) quiere llamar la atención sobre el hecho de que el secreto de sumario es una medida de enorme excepcionalidad que exige una motivación exhaustiva, tanto en los fundamentos de hecho como de Derecho.

No se debe olvidar que el secreto de sumario supone una restricción de principios fundamentales del Ordenamiento Jurídico, principios que se recogen constitucionalmente y que, en consecuencia, han de interpretarse y aplicarse de forma restrictiva, y que no pueden ceder sino ante casos excep- cionales y profundamente justificados.

Para AJURES llama la atención que el secreto de sumario ha sido mantenido en demasiadas oca- siones por jueces que, al dejar vacantes el juzgado, dejan incontestados los motivos y sin pie la jus- tificación de dichos secretos. Las diligencias se convierten así en verdaderas investigaciones secretas en las que los derechos de los imputados no pueden hacerse valer por las defensas de acuerdo a los principios constitucionales y con ello se convierten en una especie de investigación inquisitorial propia del pasado.

Se citan demasiados ejemplos para la importancia de los principios en juego: La juez Isabel Conejo, después de montar un circo mediático y de privar de libertad a un montón de im- putados, ha dejado el asunto en manos de una juez sustituto.¿Por qué se fue el juez Martin Hernán- dez Carrillo de la “operación Hidalgo”, al que sucedió Francisco Javier de Urquía? O incluso el juez Torres de la instrucción de “Ballena blanca”. Desde la asociación hacemos una llamada de atención a que la utilización sistemática del secreto de sumario como mecanismo de investigación conlleva graves consecuencias para el Estado de Derecho.

Y la crisis por la que atraviesa toda la institución judicial no hace sino alimentar la posi- bilidad de que, en los casos en que se ordene sin suficiente y restrictivo fundamento, el secreto de sumario se convierta en un instrumento utilizado sistemática -y genéricamente- para dejar de lado los más elementales derechos de defensa, la enorme excepcionalidad de las medidas de privación de libertad, y, lo que es aún peor, como mecanismo de lucha política.

Desde AJURES se tiene el convencimiento de que, en cada uno de los diferentes casos, se debe- rían iniciar investigaciones por parte del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que han llevado a declarar secreto de suma- rio, sobre su absoluta necesariedad y la limitación temporal a lo estrictamente necesario.

Erik Möeller (presidente)
Concha Paez (Secretaria)
Pilar Barranco
Ramón Otaolaurruchi

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