(PD).- Seamos serios. Lo que hay alrededor de la política no son sólo corruptelas, que también las hay, sino una condescendencia generalizada de la corrupción. Cualquier empresario que precise negociar con las diferentes administraciones públicas algún contrato de consideración evalúa el coste de las comisiones.
Subraya Germán Yanke en ABC que cualquier avispado con buenas conexiones se convierte en mediador entre políticos y empresarios no por vocación profesional, sino porque, sencillamente, sabe que, en el sistema que funciona, son necesarios.
La financiación municipal se basa en el uso de un suelo que interesa que sea más caro, en las contraprestaciones de las recalificaciones, en las negociaciones bajo cuerda. Los casos en los que se saltan a la torera las condiciones de contratación son infinitos.
En las Comunidades, además, se vive este ambiente con una impunidad pasmosa porque, tampoco es un misterio, el control público de muchos medios de comunicación regionales y locales. No es raro que muchos de los editores locales sean constructores y empresarios de obras públicas.
El candidato del PP en las europeas, Jaime Mayor Oreja, ha dicho esta semana que las investigaciones del «caso Gürtel» son una suerte de maniobra para colocarles en ese el paisaje descrito en el párrafo anterior.
La «chapuza nacional» sería, según el candidato, cosa del Gobierno y el juez Garzón pretende decirnos malévolamente que también el PP está en el ajo. Pero colocar la corrupción en un lado del arco ideológico ofende la inteligencia de los ciudadanos.
No parece la mejor manera de defender a sus compañeros de partido imputados ni, desde luego, la más conveniente para enfrentarse a un problema que, más que apelaciones pretendidamente éticas, requiere reformas legales: en las incompatibilidades de los cargos públicos, en los sistemas de contratación, en el castigo a quienes abusen del poder o se corrompan.
No sobran las apelaciones éticas, pero deberían estar dirigidas a sí mismos en vez de ser una especie de brindis al sol o reclamación a los adversarios.
Conocemos poco hasta el momento de una de las ramificaciones de una corrupción generalizada pero, si en ese contexto, la posición oficial de algunos dirigentes del PP es que las dimisiones de importantes cargos públicos de ese partido en Madrid son una secuela del empeño por presentarlos como el Gobierno vamos aviados.
Y lo vamos porque no hay modo de creerlo y porque, con ese criterio, no habrá forma de que el principal partido de la oposición inicie la regeneración moral que necesita la vida pública. Lo que se espera de los dirigentes del PP, sólo tiene dos rostros: o demuestran la inocencia de sus compañeros de partido o tendrían que ser los primeros interesados en depurar responsabilidades.
Al candidato Mayor Oreja se le ocurrió hace poco una idea entre apocalíptica e intervencionista. Si tras la Segunda Guerra Mundial fue necesario poner sobre un papel los derechos humanos, ahora, en un ambiente degradado moralmente, haría falta poner una suerte de Declaración de Obligaciones Humanas.
Ni los Diez Mandamientos están planteados así, pero lo paradójico es que, cuando se demanda a algunos políticos de su partido el cumplimiento simple de las que ya tienen rango legal, se responda con que se les quiere presentar como los malos, ya que ellos son de una casta angelical.
El PP sabe dos cosas. Una, que entre los suyos hay corruptos. Otra, que algunos no corruptos se han relacionado más de lo debido con algunos protagonistas de la primera constatación. Así que, seamos serios, no tienen otra cosa que hacer qué enfrentarse a ello. Si en algún caso puede el PP presentarse como defensor de militantes en otros debería aparecer en la opinión pública, como activos acusadores.
Los diez mandamientos señalan, tras los principios generales, lo que no se debe hacer.
