(PD).- El tribunal encargado de juzgar a los tres acusados por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 soldados españoles fallecidos en el accidente del avión Yakovlev-42 ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, ha rechazado este martes de nuevo admitir la declaración como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono, solicitada por las acusaciones particulares durante la exposición de las cuestiones previas a la vista oral.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, explicó que la cuestión ya fue resuelta en un auto anterior y añadió que la prueba sería relevante únicamente si lo hubiera pedido una defensa pero no una acusación. En el caso concreto de Bono, el magistrado destacó que el conocimiento del ahora presidente del Congreso de los Diputados es posterior a los hechos.
Las cuatro acusaciones particulares personadas en el juicio protestaron hoy ante la Sala por su negativa a admitir estas declaraciones y pidieron que se reconsiderara la inadmisión de esta prueba. El abogado de la Asociación Familias Afectadas por el Yak, Leopoldo Gay, destacó la importancia de los testimonios de Aznar, Trillo y Bono así como la de los militares de grado superior a los acusados para la correcta comprensión de los hechos. En su opinión, las testimoniales fueron rechazadas debido a que «no hay interés en traer al juicio a personas con notoriedad».
Gay explicó que hoy se juzga a «unos acusados cuyos superiores no vienen a declarar» a pesar de que «España se volcó» con las familias de las víctimas tras el accidente. «No concebimos como no pueden estar aquí estas personas», ha dicho.
«No están todos los que son»
Esta opinión fue compartida por el resto de acusaciones particulares, que se adhirieron a la protesta. Así, otro de los letrados de las acusaciones destacó, por su parte, que las familias guardan la sensación de que en este procedimiento «ni están todos los que son ni son todos los que están».
El abogado Leopoldo Torres, que representa a víctimas particulares, puso de manifiesto que Aznar «tuvo que adoptar decisiones de transcendencia en esta situación» que debería explicar ante la sala. Además se ha referido a «las declaraciones bizarras del ex ministroTrillo» -vertidas por el ahora diputado en distintos medios de comunicación, ha dicho- sobre las que sería exigible pedir aclaraciones.
Por su parte, el Ministerio Público y las defensas de los tres acusados (el general de Sanidad, Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez) se opusieron a la admisión de estas nuevas declaraciones y defendieron que las actas que obran en la causa bastan para acceder a la información de interés que pudieran aportar los testigos propuestos.
El teniente fiscal, Fernando Burgos, solicita que los tres acusados sean condenados a cinco años de cárcel y las acusaciones particulares a uno más por un delito continuado de falsedad documental. Las familias también solicitan una multa 60.000 euros para Navarro y de 48.000 para Ramírez y Sáez. En el caso de las indemnizaciones, reclaman que la cuantía de 25.000 euros que el fiscal solicitó para las esposas, compañeras, padres e hijos de los militares que fueron identificados erróneamente se sumen otras de 6.000 euros para sus hermanos.
El juicio, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal Javier Gómez Bermúdez junto a los magistrados Manuela Fernández de Prado y Nicolás Poveda, comenzó puntualmente a la hora en la que estaba señalado, las diez y media de la mañana, cosa poco frecuente en las vistas orales que se desarrollan habitualmente en la sede de la Audiencia Nacional. Por parte del Ministerio Fiscal estuvo presente el fiscal jefe Javier Zaragoza, acompañando al teniente fiscal Burgos.
La sala de vistas se encontraba ocupada por los familiares de las 62 víctimas, ya que los allegados de aquellos fallecidos que fueron correctamente identificados quisieron acompañar a las familias que se vieron afectadas por errores en la identificación.
Rechazo de la prueba
La Sección Primera de la Audiencia Nacional ya rechazó a principios de este mes que el ex presidente del Gobierno José María Aznar y los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono declararan como testigos en el juicio sobre la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos al entender que sus testimonios «no son útiles para el fin del proceso». El tribunal únicamente admitió la comparecencia de 20 de los 71 testigos solicitados por las asociaciones de familiares de las víctimas, ya que consideró que el resto de declaraciones no tienen «relación directa con el objeto» del juicio, conformado por los hechos y calificación jurídica de acusaciones y defensas» o se basan en «información obtenida al margen del proceso».
Las asociaciones justificaron la prueba testifical de Aznar argumentando que «era presidente del Gobierno en el momento del accidente» y «dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse el 28 de mayo de 2003». En relación con Trillo y Bono, la representación legal de los familires de las víctimas argumentaron que el primero dirigía el Ministerio de Defensa en el momento del accidente y que el segundo ordenó la investigación sobre las tareas de repatriación de los cadáveres.
