(PD).- Algo oscuro hay en el fondo. Porque fue un inspector quien acusó a la jefa superior de la Policía Nacional en el archipiélago de actuar -«sin razones»- contra cargos públicos del PP de Canarias. No es de extrañar, con ese telón de fondo, que la portavoz popular en el Parlamento Autonómico haya preguntado este lunes en voz alta si Juan Fernando López Aguilar y José Miguel Pérez, respectivamente, «están en deuda» con la comisaria Concepción de Vega.
López Aguilar y Pérez son -respectivamente- secretario general y vicesecretario de los socialistas en las islas.
«Hemos preguntado en una, en dos, en 20 ocasiones, y seguimos sin tener una explicación. Nosotros nos preguntamos, ¿respalda ese proceder López Aguilar y José Miguel Pérez?. ¿No será que tanto López Aguilar como José Miguel Pérez están en deuda con la señora Vega por el servicio que ésta les prestó a la causa socialista».
María Australia Navarro, la portavoz del PP, insistió en que los ‘populares’ llevan «tiempo» preguntándose «¿por qué la señora Vega se saltó los procedimientos habituales de la Policía Nacional en los casos de Telde y Mogán?».
El tema tiene graves connotaciones políticas y pone en evidencia una seria podredumbre en el Ministerio del Interior. La Jefa Superior de Policía de Canarias, la comisaria Concepción De Vega ha sido denunciada por el inspector de la brigada de información, José Ángel Vargas.
El inspector Vargas fue el responsable de la investigación en los sonados casos Faycán y Góndola, en los que la Fiscalía cargó sin contemplaciones contra cargos públicos del PP en Gran Canaria.
Los términos que los que el inspector acusa a su superiora son tremendos. En su escrito de denuncia dice textualmente:
«Actuó con precipitación y con razones, en realidad sin razones, envenenadas con la malicia y la perfidia”.
Estas operaciones, difundidas en su día con gran profusión policial y mediática -la mayoría de los detenidos salieron de sus domilicios y despachos esposados y con las cámaras de televisión apostadas a las puertas-, han acabado con las desimputación de la mayoría de los afectados.
«Desde mi punto de vista, la noticia sería que López Aguilar y José Miguel Pérez no cierren filas con la actual jefa superior de la Policía Nacional», afirma sardónica María Australia Navarro.
LA DENUNCIA DEL INSPECTOR
El Inspector Vargas denuncia en su escrito de acusación a la Comisaria de Vega que “queda constancia de que no es la primera vez que el Inspector Juan Murillo, en connivencia con sus superiores jerárquicos: Abel Pérez Gomar y la Comisaria de Vega, comunican elementos de juicio infundados, en relación a la autoría de un hecho delictivo ante un Magistrado”, y añade -el denunciante Inspector Vargas-, que esto es una práctica intolerable en un Estado de Derecho que ha sido realizada más veces por Abel Pérez Gomar y la Comisaria Sra. De Vega.
El Inspector Vargas, profundo conocedor del caso Faycán, que el PP considera una cacería política contra su partido en Canarias, por haber sido el instructor policial de dicha causa desde el verano de 2005 hasta el 21 de agosto de 2006, periodo en el que se desarrolla la investigación principal que dio origen a la mayoría de las detenciones, dice -en base a ese conocimiento exhaustivo- que “los indicios que pudieran imputar al ex Alcalde de Telde, Francisco Valido, y a los ediles Carmelo Juan Oliva, Sonsoles Martín, José Suárez Martel y Domingo Ramírez eran en unos casos inexistentes o bien en una fase totalmente inicial sobre la investigación y comprobación de los indicios”.
Añade el Inspector Vargas que durante toda la investigación ha habido filtraciones interesadas a los medios de comunicación. Y que -en base a las mismas- se detuvo el día 7 de noviembre de 2006 al ex Alcalde de Telde, Sr. Valido, y a otros cinco Concejales más del Partido Popular, teniendo todo ello una enorme difusión a nivel regional y nacional, por las indiscutibles connotaciones políticas que ello tenía.
El Inspector Vargas denuncia también que la investigación patrimonial en este caso se ha hecho con funcionarios sin la experiencia ni preparación en este tipo de tareas. Y recuerda expresamente que el pasado día 9 de febrero, el Magistrado instructor retiró la imputación a tres de los ediles detenidos de la manera precipitada y con la malicia y perfidia de las que el Inspector Vargas hace responsables al Inspector Juan Murillo, a su Jefe de Brigada, Abel Pérez Gomar y a su Comisaria.
Los jueces no parecen ver nada singularmente grave, pero ese es otro cantar. El tema apesta.
