(PD).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha puesto sobre la policía toda la responsabilidad por la fuga consentida del jefe de la banda que asaltó la casa del productor José Luis Moreno. Su presidente, Francisco Vieira, exculpó ayer por completo al juez de instrucción de Alcobendas que puso en libertad a Astrit Bushi, mafioso albanokosovar extremadamente peligroso.
Si es cierto que los policías que custodiaban a Bushi lo dejaron libre sobre la marcha porque desconocían que era un preso preventivo, en este episodio hay que dar muchas explicaciones. La primera debe aclarar por qué sigue siendo imposible que los jueces sepan la situación procesal integral de los imputados a los que investigan.
Con todas las diferencias del caso concreto, estamos ante una variación de la sucesión de fallos que permitieron la libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, más aún si añadimos que, como informamos hoy, el lugarteniente de Bushi también fue puesto en libertad por un error de Instituciones Penitenciarias.
La segunda explicación es la que se debe sobre los canales de comunicación entre los cuerpos policiales, las direcciones de las prisiones y los órganos judiciales. Nadie sabía nada. Los policías ignoraban que Bushi era un preso preventivo. Su centro penitenciario creía que Bushi estaba en el calabozo de los juzgados de Alcobendas y el juez que ordenó su libertad, creía que Bushi estaba otra vez en prisión.
Hay quien como David Gistau carga la resposabilidad en el ministro Pérez Rubalcaba. En una pieza titutlada «Barrabás sale de Alcobendas», el siempre brillante Gistau explica:
Hace apenas unos meses que dos productores de ficciones, José Luis Moreno y Alfredo Pérez Rubalcaba, se asociaron para rodar en la escalinata del ministerio del Interior el desenlace de un thriller con final feliz y moraleja edificante.
Capturado Astrid Buschi, un malo de los que Dexter envuelve en celofán, Rubalcaba reclamó para sí un papel comparable al de Little Bill, el sheriff de Big Whiskey que exhibía metidos en ataúdes los cadáveres de los criminales para hacer escarmiento con ellos.
Con la convicción de quien posee la mejor frase del guión, el fotograma definitivo, Rubalcaba dijo: «Ahora ya saben que quien viene a España a robar acaba en la cárcel». Fundido en negro.Pueden aplaudir. La ciudad está segura porque la apatrulla Rubalcaba.
Con lo que nadie contaba es con que un giro argumental prolongara a una segunda temporada la serie de Buschi cuando ya parecía cerrada. Para distraer la ley de Rubalcaba, los criminales ni siquiera necesitan llevar tatuado en el cuerpo un sofisticado plan de evasión, como Michael Scofield en Prisonbreak.
Les basta con la fortuna de ser custodiados por policías que recuerdan al centurión de La vida de Brian que preguntaba a los reos por su condena como si les tomara nota en un restaurante -«¿Crucifixión ? Excelente »- y soltaba sin más preguntas a quien respondiera: «No, no, a mí me han dicho que puedo irme».
Puede ocurrir también que, en vísperas pascuales, los dos policías de Rubalcaba hayan encontrado en Astrid Buschi a su Barrabás, aquel ladrón indultado por Pilato del que Rosa Regás explicó a su nieta que era el tercer crucificado en el Gólgota. Y aun así dirigió la Biblioteca Nacional (Rosa Regás, no Barrabás).
Es legítimo alarmarse ahora por la proyección que Rubalcaba dio a este caso en el que, con tal de gustarse en público, fue capaz incluso de tolerar la percepción de una policía particular de los ricos y famosos.
Si de lo que se trataba era de aprovechar la dimensión mediática del suceso para lanzar un mensaje amedrentador a los ladrones que tramaran venir a España a delinquir, lo que les va a llegar no es que aquí se acaba en la cárcel, sino que es suficiente con que coincidan dos o tres incompetentes bajo el mismo techo para que los criminales salgan por la puerta principal y silbando.
Y suerte si antes no han tenido tiempo de levantar a los policías el dinero que llevaran encima con tres cubiletes y un garbanzo. La creciente ineficacia del Estado español y la desconfianza que le tienen los ciudadanos constituyen el principal síntoma de agotamiento de una administración a la que sólo importa lo ideológico y su propia supervivencia.
