(PD).- «No habrá recortes de derechos sociales: al contrario, seguiremos ampliando derechos y políticas sociales«. Son palabras de ZP durante el último debate de investidura, toda una declaración de principios que volvió a corroborar el pasado 10 de febrero en el Congreso de los Diputados, cuando tratando sobre la ya indisimulable crisis económica anunció un recorte presupuestario de 1.500 millones de euros (copiado de una iniciativa parlamentaria anterior del PP) que «en ningún caso afectará a los programas de protección social». Falso. De momento, ya ha recortado más de 80 millones de euros destinados a menores, inmigrantes, gitanos, voluntarios y discapacitados…
El anunciado Ajuste Presupuestario de 1.500 millones de euros se materializó el pasado 13 de febrero en Consejo de Ministros, y la coartada para preservar la falacia de la presunta inviolabilidad de los programas de protección social se materializó indicando que «la no disponibilidad de créditos se aplica a todos los Ministerios, a excepción del Ministerio de Igualdad, y no afecta a las prioridades de los presupuestos como son las partidas de gastos de personal, inversión productiva y de protección social», según informa lanacion.es.
ESTRATEGIA GRADUAL
El recorte en los denominados ‘gastos sociales’, derivados de los Presupuestos Generales del Estado de 2009, ya ascendía a más de 38 millones de euros en estas partidas (38.567.530 euros). Y, tras el anunció de Zapatero sobre el ajuste de 1.500 millones, el Gobierno socialista convocó la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales con las comunidades autónomas, para volver a concretar recortes que ya entonces se cifraron en más de 65 millones de euros.
El Plan de desarrollo gitano, que según los PGE de 2009 (igual que el año anterior) iba a recibir 3.065.160 euros, al final percibirá un 65% menos: dos millones de euros; el Plan de voluntariado ha pasado de tener un presupuesto de 300.000 euros a otro de 150.000 euros (un 50% menos), y los Programas de Ejecución de medidas para menores infractores han pasado de un presupuesto de 3.005.060 euros a otro de 2.434.190 euros (un 18,9% menos). Por su parte, el Plan de acción para las personas con discapacidad ha sufrido un recorte de un 60,55% respecto a los PGE, con una disminución de 3.600.000 euros. Asimismo, al Fondo de Integración de Inmigrantes le han quitado un 30%: 59 millones de euros menos. Se queda con 141 millones de los 200.000 previstos en un principio.
AÚN MÁS RECORTES SOCIALES
Ahora bien, los recortes sociales van en aumento y, tal y como han adelantado a lanacion.es fuentes de la oposición parlamentaria, llegarán hasta los acuerdos bilaterales y ayudas que el Gobierno mantiene y presta a diferentes entidades sociales. Algunas tan relevantes como la Confederación Estatal de las Personas Sordas (CNSE), que verá recortado su programa en un 50% pasando de 1.200.000 euros a 600.000. La información que ha recabado este diario se refiere a diferentes recortes de programas bilaterales que aún no se han firmado pero que ya se han cerrado.
Así, la ONCE también se verá afectada drásticamente en uno de sus convenios, dedicado a actividades con niños, que se reducirá de los doce millones de euros previstos a 2.291.920. Asimismo, lanacion.es también ha conocido que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se quedará con los cinco millones de euros previstos para la adaptación de autobuses urbanos a los ciudadanos discapacitados. Desaparece la partida.
EL PP DENUNCIA LOS RECORTES
«Zapatero lleva cinco años engañando a los colectivos más necesitados de España, pero ahora, en los momentos más difíciles, es cuando se comprueba con estos recortes su falta de compromiso social» denuncia Miguel Barrachina, portavoz adjunto de Asuntos Sociales en el Congreso (PP). Barrachina también destaca que la nueva ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez «con su cándido aspecto, va a ser el brazo ejecutor de los máximos recortes que hayan tenido lugar».
Los acuerdos de la ONCE, la FEMP y la organización nacional de sordos se vienen desarrollando a través del Imserso, y las fuentes consultadas auguran que habrá más entidades sociales afectadas. Desde la oposición el Partido Popular planea presentar una nueva Proposición No de Ley en la Cámara Baja «para que se restituyan las ayudas», tal y como hicieron tras el primer recorte del Gobierno socialista.
