(PD).- Se les apilan los sumarios. La Justicia en España sigue con una imagen nefasta e incluso el presidente del CGPJ y el Fiscal General del Estado han tenido que pedir a los magistrados que se dejen de jueguecitos. Pero nada. Investigan Guantánamo, la responsabilidad de Israel en los muertos de Palestina y lo que haga falta. La última: la «inhibición» de Franco en los crímenes de los nazis sufridos por españoles. Una carrera a la desesperada de los jueces estrella.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acumulado a su investigación contra cuatro responsables de las SS –que residen actualmente en EE.UU.– por su responsabilidad en el Holocausto una denuncia presentada por la Fundación Acción Pro Derechos Humanos (FAPDH) contra el régimen franquista, al que acusa de haberse «inhibido» ante las prácticas infligidas por las autoridades nazis a ciudadanos españoles que se trasladaron a Francia tras la Guerra Civil.
Concretamente, la denuncia presentada por esta asociación se refiere a «la inhibición de las autoridades españolas respecto de los crímenes cometidos en los campos de concentración nazis que condujo a la muerte de un elevado número de españoles y que pone de manifiesto la participación o complicidad, ya sea por acción u omisión, de las autoridades españolas en los crímenes contra la humanidad cometidos en los campos de concentración nacionalsocialistas contra ciudadanos españoles».
Inicialmente, la FAPDH acudió al Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, justo después de que la Audiencia Nacional estableciese que corresponde a los Juzgados Penales (y no a la Audiencia Nacional) el conocimiento respecto de los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, cuya instrucción venía realizando el juez Baltasar Garzón.
Sin embargo, este tribunal de Madrid se inhibió en favor del Juzgado Central de Instrucción número 2, que dirige de Moreno, quien el pasado 30 de abril ya comunicó por medio de una providencia la acumulación de esta denuncia a la causa.
«Tras la finalización de la Guerra Civil española, miles de españoles se vieron abocados al exilio, cayendo buena parte de ellos en poder de los alemanes tras la ocupación de parte de Francia por las tropas nacionalsocialistas», relata la denuncia que ya obra en poder del juez Moreno, en la que además la FAPDH alega que «las autoridades alemanas informaron de tal circunstancia a la autoridades españolas, ofreciéndoles, de forma reiterada, la posibilidad de repatriar a su nacionales».
Para acreditar estas acusaciones al régimen franquista, la asociación aporta una nota verbal transcrita de la Embajada alemana de España, fechada el 20 de agosto de 1940 y remitida al Ministerio de Asuntos Exteriores en la que Alemania ofrecía a las autoridades españolas hacerse cargo «de 2000 españoles rojos que actualmente se hallan internados en Anguoleme (Francia)».
Esta denuncia pasará ahora a formar parte de la causa que el juez de la Audiencia Nacional investiga a partir de la querella presentada por un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración.
La acción está dirigida concretamente contra los ex oficiales de las SS Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf y Iwan o John Demjanjuk, que desarrollaron su labor como guardias armados en los citados campos de concentración.
La Fiscalía solicitó su admisión a trámite
Todos ellos se instalaron en Estados Unidos al término de la II Guerra Mundial. En los últimos años han perdido la nacionalidad estadounidense por orden de los tribunales de dicha nación. Según la querella, los prisioneros fueron sometidos a «programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas».
«Fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato».
La Fiscalía, que solicitó la admisión a trámite de la causa, recordó que en la actualidad resulta «indiscutible» el reconocimiento internacional de la facultad de perseguir a los autores de delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que concurra algún punto de conexión con los intereses del Estado que solicita la persecución.
Los querellantes solicitan la extradición a España de los cuatro ex oficiales argumentando que su jurisdicción tiene competencias para enjuiciar «hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional vinculados a la existencia de víctimas españolas», tal y como se hizo en casos como el genocidio del pueblo maya o los crímenes durante la dictadura argentina, que citan expresamente.
