Chaves dio 10 millones de euros a una empresa apoderada por su hija antes de dejar la Junta

(PD).- Huele al peor felipismo… asumido por ZP. Dos meses y medio antes de dejar la Junta para ocupar su cargo en el Gobierno nacional, Manuel Chaves aprobó una ayuda de más de 10 millones de euros para Mina de Aguas Teñidas (Matsa), una empresa de la que su hija Paula es representante legal desde noviembre 2008. El vicepresidente tercero de ZP sigue callado.

Esta ayuda pública de la Junta de Andalucía –exactamente 10.093.472,70 euros y destinada a la construcción de una planta de tratamiento mineral– se aprobó el 20 de enero a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), según informa El Mundo.

Según han confirmado expertos jurídicos, esta subvención podría constituir una violación de la Ley de Incompatibilidades que obliga a los altos cargos a inhibirse si familiares están involucrados. El apoderamiento de Paula Chaves Iborra se efectuó el 12 de noviembre de 2008, según consta en el Registro Mercantil de Huelva. Sin embargo, en el expediente administrativo de IDEA del 13 de enero –día en que dio luz verde a la subvención– había una escritura de apoderamiento fechada un día después, es decir a 14 de enero.

Se da la circunstancia de que, hasta ese 12 de noviembre, la subvención autonómica que se barajaba para el proyecto minero de Matsa era bastante menos sustanciosa de la que ratificó finalmente el Gobierno de Manuel Chaves. En concreto, hubo dos propuestas de incentivo de la comisión de valoración de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación en Huelva, fechadas consecutivamente el 4 y el 5 de noviembre, que no superaban los siete millones de euros (ambas se quedaban en 6.931.780,20 euros), según informa el diario El Mundo.

Es después de que se eleven a escritura pública los poderes plenipotenciarios de Paula Chaves Iborra en Matsa cuando se produce una tercera propuesta de la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, que aumenta notoriamente la cantidad subvencionable, en concreto en más de tres millones de euros, hasta rozar los 10,1 millones. Ésa es la cifra que ratificó definitivamente el Gobierno andaluz el pasado 20 de enero en un acta viene rubricada por el entonces presidente Chaves.

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