(PD).- Las aventuras judiciales de los paladines de la Audiencia Nacional comienzan a irritar del otro lado del charco. The Washington Post, en un artículo firmado por David Bosco, se pregunta: «¿Es la segunda parte de la Inquisición?» El columnista concluye que «puede que España refrene pronto a sus jueces andantes, pero la cuestión de si la justicia internacional debe aplicarse a los más poderosos está aquí para quedarse». La polémica está servida.
“Múltiples factores han hecho de España la meca de los que tratan de corregir las injusticias internacionales. El país cuenta con un sistema legal que concede a los jueces potestad de investigar, así como un status de jurisdicción universal que permite a los tribunales españoles ver casos de graves abusos perpetrados en el extranjero. Dispone de una corte, la Audiencia Nacional, que se ha dedicado a perseguir casos delicados y no está cargada con el peso rutinario de casos naciones. La legislación española también permite a ciudadanos y grupos defensores presentar denuncias aunque no estén afectados directamente. Se trata de la llamada acción pública. Si se combinan esos instrumentos con personalidades incansables, como la de Garzón –magistrado que se interesó temporalmente por la política y tiene afición a las relaciones públicas- , el resultado es una receta para un Judicial con ansias de ser paladín”.
“Unos cuantos observadores se han preguntado si no hará algo más en juego en la psique nacional española. ¿Está tratando el país de superar el trauma de la dictadura del general Francisco Franco entre 1939 y 1975 tratando de corregir los entuertos del mundo? Algunos chilenos y argentinos han detectado un olorcillo a neocolonialismo en su intento de decidir por los pecados pasados de Iberoamérica. ¿Está España buscando un imperio judicial para reemplazar el territorial? En una reciente entrevista en La Razón, el ex presidente del Gobierno José María Aznar se quejaba de que ‘queremos ser policías universales’?”.
“El deseo de aventura de los jueces españoles se ha convertido en un elemento irritante para los diplomáticos y políticos del país, que han de convencer a poderosos aliados y socios comerciales de que sus compañeros de banquillo no pretenden ofender. Cargos israelíes han acusado al poder Judicial español de pretender avanzar una agenda política, mientras que China ha demandado ‘medidas inmediatas y efectivas’ para poner fina a la instrucción”.
“La semana pasada, el Parlamento español aprobó una medida que exigirá a los jueces aceptar sólo casos con vinculación demostrable con España. Mediante sus investigaciones, los jueces españoles han insistido en que ni los cargos de democracias liberales como EEUU e Israel y actores tan poderosos como China no tienen patentes de corso. Puede que España refrene pronto a sus jueces andantes, pero la cuestión de si la justicia internacional debe aplicarse a los más poderosos está aquí para quedarse”.
