ZP quiere pagarle a Garzón los favores recibidos

(PD).- Muy mal anda ya la credibilidad del juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuando el propio Gobierno de Zapatero ha salido al quite y ha estudiado la posibilidad de facilitarle una salida de su juzgado. Los argumentos de un sector del Ejecutivo se refieren a la delicada situación en la que se encontraría el magistrado por la animadversión que acumula entre muchos de sus compañeros de la judicatura. Han sido muchos favores y no están dispuestos a dejarle ahora tirado.

Además de un intento de favorecer a un juez que ha mostrado una notoria sintonía con el Gabinete de Zapatero, influye otro punto que no se llega a expresar abiertamente: el reconocimiento del poder que Garzón acumula y del que ha dispuesto a lo largo de su carrera de un modo no siempre previsible. Así las cosas, desde el Ejecutivo se ha barajado la posibilidad de ofrecer a Baltasar Garzón el puesto de magistrado de enlace con un país hispanoamericano, según desvela el diario El Mundo.

Los jueces de enlace son designados directamente por decisión gubernativa y están al frente de la cooperación judicial entre dos países. Dos ejemplos de este cargo los personifican Ángel Llorente, que desempeña esta función en Marruecos, y el ex instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que desde 2000 se encuentra destinado en París. Los jueces que acceden a este puesto se encuentran en comisión de servicios especiales, sin plazo definido y conservan su plaza en sus respectivos juzgados como titulares.

Al Gobierno le llegó, no obstante, la impresión de que al magistrado no le convencía este cometido, y se planteó la opción de crear un puesto más genérico, ampliando la representación del juez a otros países en la mayor parte de los cuales su figura ha sido admirada. Las fuentes consultadas aseguran que Garzón no vio con malos ojos esta segunda opción, pero encierra algunos inconvenientes técnicos. El puesto requeriría del visto bueno de otras instituciones y ese trabajo llevaría su tiempo.

No es la primera vez que miembros del Ejecutivo abordan con interés la posibilidad de facilitar la salida de Baltasar Garzón de su juzgado. Varios de ellos se implicaron cuando se presentó como candidato a la presidencia de la Audiencia Nacional, aunque su deseo no se concretó porque el CGPJ eligió para el cargo al juez Ángel Juanes. El asunto, pues, ha estado encima de la mesa varias ocasiones.

No obstante, los acontecimientos de las últimas semanas – la posibilidad de darle un puesto como enlace fue estudiada cuando la querella de Manos Limpias no estaba aún admitida a trámite, pero sí empezaban a perfilarse otras denuncias – pueden haber dificultado una solución más rápida, dado que una salida del juzgado del que es titular, en estos momentos, podría tener diferentes interpretaciones no siempre favorables para el magistrado, que tiene varios frentes abiertos en el Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial.

El pasado viernes, los abogados que denunciaron al juez por los ingresos que recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y 2006, presentaron otra querella ante el Supremo por posibles delitos de cohecho, prevaricación y estafa. Sostienen que han aparecido nuevos datos en un caso que ya fue abordado por el Alto Tribunal y remitido al CGPJ, que lo está estudiando en estos momentos. También el Supremo tiene en sus manos la querella por prevaricación que el sindicato Manos Limpias presentó por la instrucción del caso de la Memoria Histórica.

Y, sobre todo, está pendiente el pronunciamiento sobre su responsabilidad en la excarcelación de dos narcotraficantes turcos, uno de los cuales acabó huyendo: el órgano de gobierno de los jueces consideró que podría tratarse de un comportamiento sancionable como una falta leve, pero la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional devolvió el caso alegando que podría tratarse de una falta grave. El Gobierno valora el trabajo de Garzón en la lucha antiterrorista, pero también es consciente de que tiene en su poder datos sobre asuntos delicados cuya trascendencia depende sólo de su control.

En cuanto al magistrado, entre sus allegados aparenta estar tranquilo, a pesar de los procedimientos que le tienen en el punto de mira. Enfadado, explica a quien quiera escucharle que buena parte – si no toda su situación – se debe a la instrucción del caso Gürtel, que ha despertado la mayor de las reacciones entre los jueces llamados conservadores. Pero Baltasar Garzón omite que, entre los juristas que han dado el visto bueno a proseguir con las investigaciones que le conciernen, los hay con marcado sesgo progresista.

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