(PD).- Le ha salido casi gratis. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy imponer una multa de 300 euros por una falta leve al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por dejar libres por error a dos narcotraficantes turcos Erdem Vardar y Sahin Eren, este último huido desde el pasado mes de febrero. Ellos se lo guisan…
Así lo ha acordado la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, según han informado fuentes del CGPJ.
La falta leve es de incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, cuya sanción podía ir desde una advertencia hasta una multa de un máximo de 300 euros.
Para esta decisión ha sido clave el voto de calidad del presidente de la comisión disciplinaria, Pío Aguirre, quien ha propuesto la referida multa por una falta leve, al igual que el vocal Miguel Carmona.
Por su parte, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, ha propuesto el archivo de este asunto, al igual que la vocal Margarita Uría, mientras que Gemma Gallego consideraba que los hechos constituían una falta muy grave.
Bravo ha sustituido en esta reunión a José Manuel Gómez Benítez, quien se ha abstenido de este asunto al haber ejercido como abogado de Garzón.
A principios de este mes, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional emplazó por unanimidad al CGPJ a pronunciarse sobre si la falta del juez Baltasar Garzón al dejar libres por error a dos narcotraficantes turcos había pasado de leve a grave ante la huida en febrero de uno de ellos.
Todo ello por las «circunstancias sobrevenidas», en referencia a la huida de Sahin Eren, que no se había producido cuando se incoó el expediente en enero pasado.
El instructor del expediente por estos hechos en la Audiencia Nacional, José Luis López Múñiz, proponía que se le impusiera a Garzón una sanción de 100 euros, después de que el Consejo remitiera estas diligencias a la Audiencia al creerla competente para ello por calificar los hechos como falta leve.
El CGPJ activó la investigación de estos hechos el pasado mes de octubre a raíz de una queja del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que acusó a Garzón de negligencia por no haber prorrogado en plazo la prisión, lo que motivó la excarcelación de los dos narcotraficantes.
Se trata del mismo sindicato al que recientemente el Tribunal Supremo le ha admitido una querella contra Garzón en la que acusa al juez de prevaricar al declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.
El juez ha reconocido que la excarcelación se debió a un error en la identificación de los días de detención y prisión de los dos procesados en las carpetillas que inician las piezas de situación de ambos.
Alegó además que los máximos responsables de la organización continúan en la cárcel y que Vardar y Eren «eran simples porteadores», y que comparecieron en septiembre para poner de manifiesto su voluntad de someterse a la acción de la Justicia.
Por otra parte, la comisión disciplinaria ha decidido, con el voto en contra de la vocal Gemma Gallego, archivar las diligencias abiertas en relación a la queja interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón contra Garzón por un permiso que el magistrado obtuvo en agosto de 2007 para ir a Perú.
Los letrados, los mismos que se han querellado por cohecho contra Garzón por los ingresos que recibió durante su permiso académico en Nueva York -asunto sobre el que el CGPJ todavía tiene que pronunciarse-, sostenían que este permiso «fue usado para tomarse unos días de vacaciones en Iquitos, en el Amazonas peruano».
