(PD).- Una potente campaña mediática durante tres o cuatro meses y en este país nos morimos de miedo. Miedo a llamar a las cosas por su nombre y a denunciar el verdadero escándalo. Que, en el caso Camps, es que un político sea sentado en el banquillo por un supuesto regalo de cuatro trajes y un par de zapatos.
Afirma Edurne Uriarte en ABC que el colmo del ataque de miedo o del cinismo más lamentable es que algunos exijan incluso la dimisión de Camps. La dimisión de un responsable político por la recepción de unos regalos de importe inferior a seis mil euros.
Cuando todos y cada uno de los periodistas y políticos de este país saben que la coherencia con esa posición obliga al enjuiciamiento del ochenta por cien de nuestra clase política. Y de la clase política extranjera, dejémonos de hipocresías de una vez.
Y no añado el caso de otros líderes sociales, periodistas, intelectuales, empresarios, que reciben igualmente regalos comparables o superiores, porque no son funcionarios. Pero tienen tanta o más influencia en las decisiones públicas. En la decisión de qué es perseguible y qué no, por ejemplo.
Lo sabe igualmente el juez Flors. Como sabe, él y todos los jueces, que una bofetada a un hijo también puede sentar a un padre en el banquillo.
Pero ése es uno de los muchos casos en que ni un solo juez tiene la ocurrencia de hacer una aplicación literal de la ley. Más que nada por no poner al país en la tesitura de sentar en el banquillo a todos los padres españoles.
El único juez que aplicó literalmente la ley hace unos meses, y no sólo sentó a una madre en el banquillo sino que la condenó, recibió una condena generalizada.
Al juez Flors se le tacha, sin embargo, de exquisito, pero seguramente él mismo es consciente de que ha sido atrapado en un delito completamente mediático en el que el presidente valenciano es la pieza de una operación política y el juez, el accidental brazo ejecutor.
