(PD).- El presidente del PP, Mariano Rajoy, cargó duramente contra el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno, que definió como una «gigantesca chapuza» con el que el «caos está servido». No obstante, como los «feudos» del PP temen las secuelas de un «no» rotundo, animó a sus comunidades autónomas a que defiendan «sus intereses propios», justificando así la posibilidad de que el miércoles opten por la abstención en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Aunque la situación pueda parecer paradójica, Mariano Rajoy, defendió ayer que las comunidades autónomas «tienen derecho a defender sus intereses propios y yo defenderé que lo hagan». Apenas cinco minutos antes, dijo que el sistema anunciado el domingo por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, «es antisocial, rompe el consenso obligado y la cohesión territorial y generará un enorme problema para el presente y para el futuro».
El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y el vicesecretario autonómico, Javier Arenas, han convocado este martes a sus consejeros para debatir este asunto y han acordado rechazar el modelo porque rompe la solidaridad y adolece de «falta de equidad».
En este sentido, según publica El País, Madrid, Valencia y La Rioja optarán por el no, mientras que Galicia y Castilla y León se decantarán por la abstención. Murcia no se ha pronunciado por el momento, si bien se piensa, según el diario, que está a favor de la abstención.
Una de las comunidades del PP que más ha recalcado su rechazo ha sido Madrid que, en boca de su consejero de Hacienda, Antonio Beteta, se ha preguntado por qué «un catalán vale más de dos veces que un madrileño». Beteta ha calculado que su comunidad recibirá 1.700 millones adicionales, mientras que la cifra para Cataluña alcanzará los 3.800.
Otra comunidad que rechaza de plano el documento que ha remitido el Ministerio de Economía es la Valenciana, aunque su responsable económico, Gerardo Camps, ha dejado claro que no renunciará «a un sólo euro» de lo que le corresponde a sus conciudadanos, que con el modelo propuesto se convierten, a su juicio, en «ciudadanos de segunda».
Desde Galicia, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el nuevo modelo «no es para los ciudadanos, sino para mantener los gobiernos» central y catalán, y ha avanzado que su comunidad reclamará más dinero para atender a los 400.000 emigrantes gallegos residentes en el exterior.
Murcia, por su parte, piensa pedir explicaciones al Ejecutivo al considerar que el modelo penalizará a las comunidades que bajen impuestos, como ha hecho esta región, mientras que La Rioja apuesta por enriquecer el documento con las aportaciones que puedan realizarse a partir de mañana. Su presidente, Pedro Sanz, estima que debe reabrirse la negociación, al igual que opina la Junta de Castilla y León, que planteará de forma irrenunciable un aumento de los recursos que le corresponden.
Ceuta, también gobernada por el PP, se ha desmarcado de la postura general del partido y dará su voto positivo «siempre y cuando» el Estado «ceda» 15 millones de euros más a la ciudad autónoma, mientras que Melilla ha considerado que la propuesta está «lejos» de lo que se merece.
¿DESAPARICIÓN DEL ESTADO?
Arcadi Espada no duda en criticar en su blog «este escenario simbólico en que las comunidades “arrancan” privilegios y vuelven a “casa” con su botín, impidiendo que los ciudadanos perciban lo que, por otra parte, es cada vez más inexistente: una planificación estatal del gasto público, políticamente comprometida».
La ministra de Economía, el primero. Anunció con su pálida impavidez que el Estado no facilitaría las cifras que corresponden a cada autonomía sino que dejaría a ellas la discrecionalidad de hacerlo. No creí que hubiera una imagen más plástica de la desaparición del Estado, asunto que dicho sea de paso me preocupa mucho más que la desaparición de España. Pero ayer tuve que rectificar, gracias al lider de la oposición.
Fue capaz de animar a las comunidades autónomas a defender sus intereses propios y aun capaz de añadir: “Pero el presidente del Gobierno tiene la obligación de defender el interés general”. Lo sabíamos. Incuso sabíamos que no siempre lo hace. La novedad extravagante es que el líder de la oposición no se sienta obligado por el interés general. Y que cuando le digan que tome el dinero y corra, el líder de la oposición, ¡créanlo!, tome el dinero y corra en nombre del interés particular. No debe de aspirar a defender el interés general un hombre que no ensaya.
