(PD).- Ellos quieren más, y más, y más. Dieciséis de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial han suscrito un documento para que se establezca una «indemnización por residencia» de entre 600 y 1.000 euros mensuales a favor de todos aquellos vocales cuya residencia familiar está fuera de Madrid. ¿Se habrán enterado de que estamos en crisis?
Estos vocales alegan que proceden de fuera de Madrid y mantienen su residencia familiar en sus lugares de origen, por lo que deben pagarse un alojamiento en la capital de España, donde está la sede del Consejo General del Poder Judicial, según informa María Peral en El Mundo.
Ni la crisis económica ni las altas retribuciones que perciben los vocales del CGPJ -similares, por ejemplo, a las de un magistrado del Tribunal Constitucional– han disuadido a los promotores de la iniciativa, entre los que no se encuentra ni el presidente del Consejo, Carlos Dívar, ni los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, Almudena Lastra y Margarita Uría.
Fuentes de la institución han asegurado que Carlos Dívar se encuentra «sumamente molesto» ante esa iniciativa. Cada vocal cobra 125.000 euros anuales, equivalentes a 6.300 euros netos al mes.
