¿Qué dice el manual del buen progre sobre la Ley del Menor?

¿Qué dice el manual del buen progre sobre la Ley del Menor?

(PD).- Los episodios de violaciones a menores en Baena e Isla Cristina han reabierto la polémica sobre si se debe endurecer la Ley del Menor. El último de los presuntos delitos se ha saldado con dos internados, dos acusados en libertad y un quinto menor en libertad vigilada. El Partido Popular pide una reforma de la norma, y el PSOE responde que no se puede legislar en caliente. ¿Y en frío?

Las violaciones de dos niñas en los últimos días cometidas supuestamente por sendos grupos de menores ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer las consecuencias penales previstas en la Ley del Menor para los autores de estos delitos. La mayoría de edad penal está en España en los 18 años, aunque la legislación establece que a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades. Únicamente los menores de 14 quedan exentos de esa exigencia de responsabilidad por los delitos que cometen porque el legislador consideró que, cuando las infracciones son cometidas por niños que no alcanzan esa edad, se debe buscar la solución en el ámbito educativo y familiar.

Este lunes, el PP ha anunciado que en septiembre pedirá en el Parlamento una reforma de la Ley del Menor para «proteger a las víctimas más vulnerables» y para «acotar la impunidad», ya que considera que se debería poder imputar a los menores de 14 años.

Extracto de la Ley del Menor:

2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer las medidas siguientes:

– si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.

– si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 13, 40 y 51.1 de esta Ley Orgánica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta.

En el sector judicial, las asociaciones de jueces se encuentran divididas al plantear unas el endurecimiento de la Ley y abogar otras por medidas alternativas. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha señalado que la solución no se encuentra en un cambio de las leyes, sino en una mejora de la educación. Jueces Para la Democracia (JpD) ha resaltado que una reforma de la Ley del Menor no debería hacerse nunca «al socaire de asuntos luctuosos, o simplemente mediáticos».

Por el contrario, el Foro Judicial Independiente (FJI) se ha mostrado partidario de una modificación de la ley «que distinga entre delitos menores y delitos graves como el asesinato o la violación». También es favorable a una reforma de este tipo la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que no ve ningún problema en rebajar la edad de imputabilidad de los 14 a los 13 años, «ya que la diferencia de madurez del menor entre esas edades no es relevante», aunque muestra su recelo en el caso de menores de 13 años.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha dicho que todos debemos reflexionar sobre qué ocurre en una sociedad donde los menores tienen los valores «tan dislocados» como para cometer tales «atropellos». La educación, ha proseguido, es «corresponsabilidad» de toda la sociedad, incluyendo las familias, los colegios, los medios de comunicación y aquellos que ostentan el poder político.

A su vez, la consejera de Justicia de Cataluña, Montserrat Tura, ha rechazado reformar la Ley del Menor para rebajar la edad penal, al tiempo que ha apelado a la «responsabilidad» de las familias para evitar que sus hijos adolescentes delincan. El psicólogo y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra Gerardo Aguado considera que la educación cumple un papel «muy importante» en los jóvenes que muestran conductas agresivas o sexualmente agresivas. En la mayoría de los casos, ha precisado, son adolescentes que nunca se han privado de nada y, por lo tanto, «no tienen límites». «No son adolescentes de familias desestructuradas, sino niños que no han tenido límites y que están enormemente insensibilizados ante la violencia», ha explicado.

La pasada semana fueron detenidos siete menores por la supuesta violación de una niña de 13 años en la localidad andaluza de Isla Cristina (Huelva), pero dos de ellos no tienen responsabilidad penal por tener menos de 14 años. Tres de ellos han sido trasladados esta mañana a la Fiscalía de Menores de Huelva para prestar declaración. Además, la semana anterior, seis jóvenes, cinco de ellos menores, fueron detenidos como sospechosos de violar a otra menor de 13 años en otra localidad andaluza, Baena (Córdoba).

Germana Artiel, madre de la niña supuestamente violada en Isla Cristina, ha vuelto a reclamar hoy Justicia para su hija y ha asegurado que los presuntos autores «la amenazaron en todo momento». Artiel ha pedido que los siete menores implicados sean juzgados, incluso hasta los que tienen menos de 13 años porque «todos han estado en el mismo sitio y son todos iguales».

Sobre la Ley del Menor, escribe Ignacio Camacho en ABC:

A ver, ¿dónde están los paladines del pensamiento políticamente correcto, los arúspices de la ortodoxia igualitarista, los intérpretes del buenismo que iluminen la perplejidad colectiva ante las violaciones múltiples de Baena o Isla Cristina? ¿Qué dice el manual del buen progre cuando el espíritu rousseauniano de la Ley del Menor se contradice con la doctrina represiva de la de Violencia de Género? ¿Es justo que prevalezca en un hecho tan odioso la tutela reinsercionista que protege a los violadores por su edad frente al manifiesto abuso sexual de una repugnante agresión machista? ¿Qué deben de pensar ante un episodio tan brutal los ciudadanos que aspiren al nirvana de la perfección moral socialdemócrata? ¿Justifica la crueldad contra una muchacha indefensa un paréntesis hobbesiano y reactivo de la justicia comprensiva? Digan algo pronto las ministras y consejeras de Igualdad, emitan los juristas y maestros pensantes de la sociedad líquida una referencia epistemológica que nos aclare esta contradictoria zozobra. Si el zapaterismo ha construido un marco legal para encerrar tirando la llave a los agresores masculinos de mujeres indefensas, ¿qué pasa cuando esas alimañas se amparan en la inmunidad de una norma que los considera penalmente irresponsables?

Sí, ya, se puede culpar a la sociedad en abstracto. A la banalización de la violencia, a la desintegración estructural y familiar, a la marginación social y al fracaso educativo. Se puede entonar una palinodia general con rasgamiento de vestiduras, pero la grieta sigue ahí: existe una ley de gran firmeza represora contra los bárbaros que maltratan a las mujeres, y otra que atenúa o disuelve sus responsabilidades en atención a una edad que sin embargo no les impide cometer actos de maldad horripilante y escabrosa. Siete muchachos que violan por turnos a una deficiente mental, ¿constituyen o no constituyen un flagrante supuesto de violencia de género? Y si lo constituyen, ¿merecen un castigo consecuente o hay que acogerlos bajo el complaciente manto moral del buen salvaje?

Sucede que pedir la reforma de la Ley del Menor, por cuyos resquicios de inimputabilidad se cuelan a menudo delitos execrables, representa una posición doctrinal autoritaria incompatible con la modernidad buenista que inspira el pensamiento dominante. Está mal visto, no queda presentable. Pero el silencio piadoso rechina ante la creciente alarma social; urge un argumento, una consigna, una respuesta. Podrían los gobernantes aplicar la sugerencia de Joaquín Leguina sobre el aborto de las menores, esto es, preguntar a los padres que votan socialista, aunque tiene sus riesgos porque hay ocasiones en que la realidad es muy impertinente. Así que… ¡Ya está! La Ley del Menor se aprobó en tiempos de Aznar, y por tanto suya es la culpa de esta quiebra. El republicanismo cívico está a salvo; cómo no se habrán dado cuenta antes.

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