Si a un juez se le ocurriera argumentar que un homenaje a Adolf Hitler no implica un homenaje a sus actuaciones y que, además, un acto a favor de Hitler «no puede constituir una conducta especialmente perversa ni ha producido ni puede producir perplejidad e indignación en la sociedad», la sociedad española se le echaría encima. Y los medios de comunicación, y los partidos políticos, y hasta el CGPJ. El escándalo sería mayúsculo.
Argumenta al respecto Edurne Uriarte en ABC que si a un juez, Santiago Pedraz, se le ocurre aplicar esa misma argumentación, literalmente, al homenaje a unos asesinos de ETA, aquí no pasa nada.
Y los que se ofenden, por las protestas contra la decisión, son los que piensan igual que Pedraz. Y son bastantes, una buena parte de nuestras élites que aún acepta de buen grado que argumentación semejante entra dentro de los límites de la interpretación de la ley.
Lo mismo ocurre con la resolución del mismo juez sobre las pitadas al Rey. Su total incompatibilidad con la Constitución fue puesta de manifiesto por Manuel Jiménez de Parga en una clarificadora carta al Director de este pasado jueves. Pero tampoco ha pasado nada.
Como si esto fuera otra posible interpretación de la ley, lo que siempre se da por supuesto cuando las decisiones están contaminadas ideológicamente desde la izquierda.
En España como en todas partes hay jueces de izquierdas y de derechas. Obvio e inevitable. Y en España como en todas partes, la diferencia entre los buenos jueces y los malos jueces es que los primeros, sean de izquierdas o de derechas, se esmeran en que su ideología quede fuera de sus decisiones judiciales.
La diferencia entre España y otras partes es que, a la hora de protestar por jueces ideologizados o por sentencias ideológicamente contaminadas, sólo parece haber jueces «conservadores».
Los escándalos del otro lado, y el de Pedraz es uno de ellos, siguen siendo interpretación de la ley.
