(PD).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando al senador del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido Jesús Merino, imputados en el ‘caso Gürtel’ por los delitos de cohecho y fraude fiscal.
Los dos, en calidad de imputados provisionales, declararon el miércoles y jueves de la semana pasada ante el Alto Tribunal. Ahora, con el suplicatorio, se da el paso para su imputación definitiva.
Bárcenas está acusado de presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho. Según las investigación iniciada por la Audiencia Nacional, podría haber recibido de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa más de 1.300.000 euros y el abono de un viaje.
Cinco meses desde que se destapara la presunta vinculación de Bárcenas en el ‘caso Gürtel’, la trama de corrupción que salpica a varios cargos del PP, el senador del PP por Cantabria desde 2004 y tesorero nacional del partido desde marzo de 2008 presentó ayer su dimisión temporal de este cargo en el PP «hasta que se acredite su inocencia». De hecho, el PP también la calificó como «transitoria» y afirmó que no le sustituirá porque «confía en su inocencia» y «así se demostrará».
La petición formal, que estará dirigida al presidente del Congreso, José Bono, en el caso de Merino, y al del Senado, Javier Rojo, en el de Bárcenas, llevará la firma del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. En ella, solicitará a las Cámaras que levanten la inmunidad parlamentaria de los dos aforados para poder abrir una investigación penal contra ellos.
La decisión de la Sala Segunda se ha adoptado después de que durante la mañana el juez instructor Francisco Monterde elevara una exposición razonada en la que detallaba «la necesidad de cumplimentar» la petición de suplicatorio planteada por la Fiscalía, al objeto de «proceder con todas las consecuencias legales» contra Bárcenas y Merino.
El instructor dirigió esta petición después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo le presentara el martes un informe en el que le instaba a solicitar los suplicatorios «tras examinar la documentación aportada por la defensa de Luis Bárcenas», que compareció de forma voluntaria el pasado miércoles, y «ante la necesidad de practicar diligencias de investigación para dilucidar lo acaecido».
Sin la práctica de estas diligencias, que «no pueden llevarse a cabo legalmente sin la concesión del mencionado suplicatorio», según recalcaba la Fiscalía en un comunicado, «no se puede realizar un pronunciamiento de fondo, fundado en derecho, sobre la calificación jurídica de los hechos investigados».
En concreto, el fiscal considera «necesario» oír la declaración de otros coimputados en la causa, que estudia la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias liderada por Correa, y solicitar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que ambos aforados presentaron entre 2002 y 2007.
El Ministerio Público, que reitera de esta forma la petición que realizó el pasado 10 de julio, también reclama al juez «los documentos originales de las fotocopias sin autenticar aportados por la defensa de Luis Bárcenas» y que solicite a diversas entidades bancarias «la información relativa a movimientos de cuentas corrientes y depósitos bancarios de los que eran titulares los citados aforados».
Monterde tomó declaración la semana pasada a los dos aforados como imputados provisionales en la causa, al considerar que de las actuaciones que le remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se desprende que podrían habrían recibido pagos de la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias liderada por Francisco Correa.
El pasado 24 de junio el Tribunal Supremo admitió la investigación de los aforados del PP. Respecto de Bárcenas, el Supremo afirmaba en su auto que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida «son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico» del aforado, al que, destaca, «se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis ‘el cabrón’ empleada en la causa.
El pasado miércoles, llegó la imagen del tesorero ‘popular’ entrando en el Supremo para declarar como imputado provisional ante una gran expectación mediática que se agolpaba en la puerta. Negó ser «L.B.» o «Luis el cabrón» y apuntó que este último apelativo podría corresponder al empresario Luis Delso, presidente de Isolux. Al salir del Tribunal, Bárcenas dijo estar «muy contento» por haber podido «aportar las pruebas que demuestran mi inocencia». Ahora tendrá que continuar su defensa fuera del cargo que ocupaba desde hace cinco años.
Respecto de Merino, «los indicios sobre la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente», según el Alto Tribunal: la documentación intervenida en el registro domiciliario de la trama y un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como ‘grupo Correa, «en referencia a quien parece ser el principal responsable de un entramado de sociedades y empresas que son investigadas por su participación en la obtención irregular e ilícita de contrataciones de las administraciones públicas y organizaciones, así como entrega de dinero a funcionarios y operación de blanqueo de dinero y otros ilícitos que se investigan en el TSJM».
