La Miss X de la trama Gürtel

La Miss X de la trama Gürtel

Faltaba sólo descubir quién era la «X» de la trama Gürtel y ya lo sabemos. No es Mister sino Miss y se llama María Teresa Fernández de la Vega. El archivo de las imputaciones contra Francisco Camps y otros cargos autonómicos ha desatado la más que previsible reacción de críticas desde el PSOE y sectores afines, algunas de las cuales resultan realmente llamativas por lo que tienen de hipocresía y doble moral.

La decepción porque la pólvora del caso Gürtel contra Camps se ha mojado está dando paso a una reclamación de responsabilidades políticas y ataques personales al presidente de la Generalidad valenciana. La incongruencia no puede ser mayor: tanto si te acusan como si te exoneran de culpa, debes responder políticamente.

Parece más razonable que los socialistas aguarden a lo que decida el Tribunal Supremo, asuman que esta primera manga la han perdido claramente y moderen sus expresiones de indignación, porque, al menos, a Francisco Camps se le ha tomado declaración como imputado.

Con Ibarretxe tuvieron más deferencia cuando se sentó en el banquillo por echar una mano política a la Batasuna ilegal.

Incluso sin llegar a casos tan extremos, los cinco años de gobiernos presididos por Rodríguez Zapatero están jalonados por impunidades que avergüenzan al Estado de Derecho, empezando por la estrategia de tierra encima practicada con el soplo que recibió una red de extorsión de ETA procedente, al parecer, de un teléfono policial.

No menos sorprendente fue la acusación que despachó el fiscal general del Estado contra la Policía por no colaborar en la aplicación de Partidos Políticos, a la que añadió que para ilegalizar a ANV acudiría a la Guardia Civil, «que es lo seguro».

Todo quedó zanjado con la absurda explicación de que había un problema de procedimiento, pero ahí queda, sin consecuencias políticas ni legales, la acusación de la máxima autoridad del Ministerio Fiscal contra la Policía.

En relación con otro tipo de delincuencia similar a la terrorista, Eurojust acaba de pedir explicaciones al Gobierno español por su gestión en la liberación del «Playa de Bakio», secuestrado por piratas somalíes.

Hay una causa penal abierta sobre estos hechos en la Audiencia Nacional, pero nada se ha hecho para determinar qué pasó, porque si el Centro Nacional de Inteligencia facilitó el pago del rescate, el problema es mucho más grave que el de la imagen ante nuestros aliados.

Y sin salir del CNI, es incomprensible que el Ministerio Fiscal no haya actuado de forma fulminante contra su ex director Alberto Sainz, cesado después de que salieran a la luz informaciones sobre el uso discrecional de fondos del organismo de inteligencia para asuntos privados. Caso paradigmático de responsabilidades legales y, por supuesto, políticas de sus superiores.

El discurso del PSOE contra la crisis no escapa de esta doble moral sobre las impunidades, porque está garantizándola a los responsables del desastre financiero de Caja Castilla-La Mancha, cuya gestión habría puesto ante el juez a cualquier directivo si no mediaran intereses políticos.

No se puede estar todo el día acusando a especuladores sin nombre y cuando hay pruebas no actuar. La obligación moral y legal del Ministerio Fiscal y de su superior jerárquico, el Gobierno -jerarquía que exhibió la vicepresidenta primera desde Costa Rica al anunciar el recurso de la Fiscalía contra el auto de sobreseimiento de Camps- es impulsar, al menos, la investigación de unos hechos que tienen una indiscutible apariencia de irregularidad.

Por lo menos, investigar, como debería hacerse en el «caso Matsa». Para impunidades de verdad, estos ejemplos.

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