Los vicios de la Justicia española

Los vicios de la Justicia española

Acaso la herencia más perniciosa del felipismo, la tara estructural que más ha pesado en la calidad de la democracia española, fuese la construcción de un sistema judicial que, bajo la formal apariencia de la separación de poderes, ha comprometido de forma nítida la independencia real de la justicia.

Subraya Ignacio Camacho en ABC que ese sometimiento de facto a la iniciativa del poder, mediante el dirigismo de la Fiscalía y el establecimiento de cuotas partidistas en el órgano de control de los jueces y en el Tribunal Constitucional, ha envilecido el funcionamiento del aparato judicial y extendido sobre su imparcialidad una generalizada sombra de sospecha que alcanza a todos los gobiernos sucedidos desde entonces.

La utilización del Ministerio Público como correa de transmisión de consignas gubernamentales ha sido una perversión constante de la que ningún partido resulta inocente; tan sumiso era aquel Pollo del Pinar canario al que González nombró sin reunir siquiera los requisitos legales como aquel Cardenal aznarista tan sinuoso de procederes que parecía más bien un obispo.

En ese sentido, Conde Pumpido no resulta ni más ni menos obediente que sus antecesores; simplemente, actúa como un ministro más que debería sentarse los viernes en el Consejo. Al servicio de quien lo designa con una docilidad que debería resultar escandalosa si no nos hubiésemos acostumbrado a ese estado degradante del marco institucional, convertido en un mero formalismo carente de valor democrático.

Las protestas del PP por el descarnado y descarado manejo de la Fiscalía contra sus intereses están cargadas de razón, pero tan torticeros resortes proceden de un statu quo que la derecha respetó a su conveniencia durante sus ocho años de mandato.

Zapatero y De la Vega sólo actúan con mayor desfachatez que sus predecesores y menor respeto por las formalidades que el sistema ha conservado para preservar su apariencia neutral.

La persecución de la oposición con recursos institucionales quizá constituya la mayor de las inmoralidades que el poder puede cometer en un teórico escenario de libertades públicas, y retrata el verdadero talante de quienes se atreven sin reparo a llevarla a cabo; pero lo hacen porque pueden hacerlo. Porque lo permite el marco funcional.

Porque no existe limitación real a la invasión política de la justicia. Porque nunca nadie ha cuestionado de verdad el fondo corrupto de un aparato judicial sometido al criterio del Ejecutivo.
Ése es el mal profundo que subyace en esta atmósfera viciada de raíz, en la que la democracia es sólo la máscara amable de un turbio amaño consentido. El zapaterismo sólo está llevando al extremo el desafuero porque carece de solidez moral en su concepto líquido del pragmatismo político.

Pero hace demasiado tiempo que la justicia es en España un rescoldo ceniciento del abuso de poder, la arbitrariedad partidista y el enjuague sectario.

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