El alcalde socialista de Santiago de Compostela: ¿falsedad, prevaricación, estafa y tráfico de influencias?

El alcalde socialista de Santiago de Compostela: ¿falsedad, prevaricación, estafa y tráfico de influencias?

Xosé A. Sánchez Bugallo fue por lana y ha salido trasquilado. El alcalde socialista de Santiago de Compostela, que se las prometía muy felices hace unos días, va a pasar de denunciante a denunciado por un caso de adjudicaciones irregulares en el ayuntamiento que preside.

La empresa Montebalsa S.L lleva disfrutando de adjudicaciones de concursos para la realización de obras para el ayuntamiento de Santiago de Compostela desde el año 2003.

Explica Juan E. Pflüger en LaNacion.es que muchas de ellas han sido otorgadas por adjudicación directa o por procedimiento negociado, en muchos casos sin publicidad. Durante todo el periodo en el que se ha producido esta situación el municipio era gobernado por el actual alcalde socialista Xosé A. Sánchez Bugallo.

Los concursos para las adjudicaciones tenían otra irregularidad flagrante: en muchas ocasiones las empresas que optaban a ellos eran solamente tres y, curiosamente, compartían el número de fax para recibir las comunicaciones, se trata de la ya citada Montebalsa S.L., Decosalnés S.L y Peyana S.L. Se trataba de un maquillaje para aparentar una legalidad que quedaba en entredicho.

Montebalsa S.L jugaba con tanta ventaja en las adjudicaciones del ayuntamiento socialista de Santiago que se llegó a dar el caso de que ganó un concurso con un presupuesto elevado pero justificándolo en que las dos opciones más baratas incurrían en baja temeraria. Una vez adjudicada la obra Montebalsa S.L subcontrató la obra, sin comunicárselo al ayuntamiento, con una de las empresas que había sido desechada por baja temeraria.

Las irregularidades en 2009 se multiplicaron: tres concesiones, sin publicidad de los concursos, realizadas para la concejalía de Medio Ambiente. O concesiones de obras de emergencia por valor de más de 300.000 euros para subsanar los destrozos ocasionados por el temporal Klaus, por supuesto sin tramitación.

El colmo de las irregularidades se produjo con la adjudicación de obras del Plan E. En concreto la rehabilitación y mejora del polideportivo Quiroga Palacios, valorada en casi 300.000 euros, que salió a subasta.

Tras la licitación de la obra concurrieron diversas empresas. Finalmente las dos mejores ofertas fueron las presentadas por Costrucciones en Pedras Sigrás S.L y ¿cómo no? Montebalsa S.L Inicialmente se adjudicó la obra a Montebalsa S.L, pero el concejal del PP Ángel Espadas señala que las puntuaciones estaban mal baremadas y se debía conceder a Construcciones en Pedras Sigrás S.L.

Finalmente, el 1 de abril, el concejal popular se dio cuenta de que en una Junta de Gobierno del ayuntamiento celebrada dos días antes y presidida por el socialista Xosé A. Sánchez Bugallo, se había adjudicado la obra a Montebalsa S.L. El concejal lo denunció y el equipo de gobierno dio marcha atrás y concedió la obra, finalmente, a Construcciones en Pedras Sigrás S.L.

El denunciante de toda esta trama comprobó, como así consta en su denuncia, que el CD con las condiciones que había aportado Pedras Sigrás S.L había sido manipulada en un ordenador del ayuntamiento, cuyo usuario es el arquitecto municipal Tomás Rivas Llavero.

El alcalde, ante la posibilidad de que se descubriese toda la tramo, optó por culpar al arquitecto municipal y envió toda la información de este último caso a la fiscalía para su valoración.

La fiscalía decidió actuar contra la manipulación del CD, pero nada más. Sin embargo, el magistrado Francisco Javier Míguez Poza, del juzgado de instrucción nº 2 de Santiago de Compostela ha dictado unas diligencias previas en las que decide la acumulación de las dos denuncias, la de la fiscalía y la realizada contra el ayuntamiento por las adjudicaciones irregulares.

En las mismas decreta el secreto del sumario al incluir la investigación «hechos presuntamente delictivos cometidos por cargos públicos, de resultar ciertos, son de extrema gravedad, tanto por las personas que pudieron cometerlos al ser algunos de ellos representantes de los ciudadanos». Entre los delitos que cita se encuentran: falsedad, prevaricación, estafa y tráfico de influencias.

Como quiera que el único cargo público «represntante de los ciudadanos» contra el que se dirige la denuncia es el alcalde socialista de Santiago de Compostela, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, el motivo de que se investigue bajo secreto de sumario es para evitar que trascienda la posible implicación de este alcalde en la trama de adjudicaciones irregulares del ayuntamiento que él preside.

EL PP RASCA EN LA HERIDA

Sánchez Bugallo, portavoz popular en el ayuntamiento, no ha querido dejar pasar la oportunidad:

«Estamos en presencia de una decisión judicial que obedece a una denuncia presentada por el alcalde y ampliada por el PP. Aquella era una denuncia trampa y tuvimos que acudir a los tribunales de justicia. Se nos negó la documentación que solicitábamos».

A su juicio, los socialistas «estaban intentando colar una irregularidad flagrante» porque «hay una manipulación muy burda de una oferta de la que tiene conocimiento el juzgado de instrucción. No se trata solo de esa adjudicación, hay una empresa que se llevaba todas las adjudicaciones».

Por lo visto, el equipo de gobierno del PSOE no hacía llamamientos públicos para licitar las obras.

«No se ha dado, si quiera, apariencia de legalidad -continua el portavoz popular- jugaban con varias empresas de los mismos propietarios. Se ocultaba de forma deliberada la información a otras empresas».

El PpdG va a denunciar una condonación a una junta de compensación de 1,5 millones de euros:

«Se trata también de irregularidades en la gestión del propio ayuntamiento. El señor Bugallo que lleva 10 años gobernando y el PSOE que lleva 25 han llegado al agotamiento de su proyecto».

«Si se demuestra su implicación el alcalde debería dimitir inmediatamente, él y todos los implicados. La petición de dimisión sería inmediata y contundente por nuestro lado. No se puede mirar para otro lado cuando los hechos son evidentes. Ni la Fiscalía va a poder mirar para otro lado».

VÍA LA NACION

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