Los pinchazos a Cospedal, Trillo y Camps

Los pinchazos a Cospedal, Trillo y Camps

María Dolores de Cospedal es una de las afectadas por las escuchas telefónicas ilegales que ella misma denunció el jueves. También el responsable popular de Libertades, Justicia e Interior, Federico Trillo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Técnicamente no es una operación complicada. Mucho más sencilla -si se posee la tecnolgía adecuada- de ejecutar sobre un móvil que sobre un fijo. Para lo segundo, es necesario contar con la «colaboración» de un operador, como Telefónica, y acceder físicamente a la línea, lo que entraña riesgos y suele dejar rastros.

Con los móviles es mucho más sencillo y rápido. En estos instantes, el CNI español posee un aparato al que basta suministrar el número de teléfono que se desea «pinchar». También cuenta con material similar la Policía y se sospecha que algún particular.

En Internet proliferan los anuncios en los que se ofrece por un módico precio un barrido de líneas o un «escaneo» para detectar pinchazos. Basta entrar en Google y teclear en el recuadro de búsquedas palabras como «flexispy», «hacked into mobile phone», «thespyphone» o «pinchazo telefónico».

El «pinchazo» ilegal a la secretaria general del PP se habría detectado en uno de los habituales «barridos» que se hacen en la sede del primer partido de la oposición. Los populares insisten en que es ahora a la Justicia a la que le corresponde investigar los hechos, que el PP relata en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que también pide al PP pruebas o rectificación, subraya sin embargo que la acusación de escuchas ilegales puede tener fundamento porque «los nuevos elementos tecnológicos de los que disponen los Cuerpos de Seguridad les permiten interceptar y escuchar las conversaciones que se emiten desde los teléfonos móviles sin dejar ningún rastro».

No es inimaginable que se pinchen teléfonos y se espíe a políticos. Ocurrió en masa a mediados de los años ochenta y sucede de vez en cuando, pero asociaciones de jueces, fiscales y guardias civiles y sindicatos policiales salieron este sábado en tromba contra las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -de profesión abogada del Estado-, que el jueves acusó al Gobierno ZP y a parte de esos colectivos de crear un «Estado policial».

Quienes más gritan, porque no podía ser de otra manera, son algunos de los que más se han beneficiado de esas escuchas ilegales y de la filtración de sus contenidos: El País, periodistas de la órbita zapateril y miembros del ejecutivo socialista. Todos, al unísono, exigen a la número dos del PP «que pruebe o rectifique» esas acusaciones.

Probar, dada la naturaleza y los protagonistas de los pinchazos , es harto complicado, pero hace muchos meses que periodistas, políticos, jueces y policías apenas hablan de cosas serias en el móvil y por algo será.

Como subraya Ignacio Camacho en ABC, en política, como en la vida, hay que saber gestionar los éxitos tanto como asumir los fracasos.

Sobre todo en una escena tan volátil como la española, donde los dos grandes partidos se miran en espejos de conducta gemelos y reversibles.

Así sucede de manera especial en torno al fenómeno de la corrupción, vicio del que el mapa autonómico y sus reductos caciquiles ofrecen un sofisticado caleidoscopio de variantes lo bastante heterogéneas para que nadie saque pecho con excesivo énfasis, ni en la denuncia del adversario ni en la defensa del compañero. El que esté limpio de culpas, que ponga la penúltima querella.

A los socialistas les ha salido mal, por ahora, su aparatosa ofensiva en el caso Gürtel, en el que creían haber hallado una ciénaga de barro para hundir a la derecha. Han encajado con mal perder el revés político sufrido por la absolución de Camps y en su frustración han permitido que les asome el plumero del sectarismo.

Primero con la precipitada consigna de la vicepresidenta De la Vega al fiscal del Estado, demasiado obvia como para no parecer lo que era: una orden ejecutiva de recurrir ante el Supremo que arrolla la presunta independencia del Ministerio Público.

Y a renglón seguido han activado, con sospechosa concomitancia temporal, los resortes policiales y de la justicia para encarcelar por las bravas a unos dirigentes mallorquines de la derecha relacionados con cierta antigua mangancia en una obra pública.

Las posibles evidencias de corruptela no impiden la suspicacia sobre un mecanismo de acción-reacción que apunta a conveniencias políticas y a un flagrante abuso de poder.

El marcador de las actuaciones anticorrupción en el mandato de Zapatero arroja una cifra de detenidos -43 populares por 20 socialistas- demasiado descompensada para no pensar en un arbitraje casero.

Por su parte, el PP ha vuelto a incurrir en su reconocida propensión a mal administrar sus triunfos, y se ha obnubilado tras el alivio de la sentencia Camps.

La denuncia de espionaje telefónico a sus dirigentes es muy grave, por verosímil que resulte, para quedarse en un alboroto dialéctico victimista. Es un secreto a voces que se espía y que se han filtrado interesadamente conversaciones grabadas ilegalmente, pero la tecnología permite hacerlo sin dejar apenas rastros.

Y eso da munición al PSOE. Ponen a los populares en un brete y estos o prueban en los tribunales -lo quen está complicado- o quedarán ante la opinión pública como «irresponsables».

Y ese vindicativo examen de valencianidad que se han inventado para bloquear el nombramiento de senadora de Leire Pajín raya directamente en lo inaceptable, sobre todo en un partido que ha sufrido en el País Vasco y Cataluña situaciones insostenibles de exclusión identitaria.

Alguien tiene que pensar un poco en ese partido, aportar algo de cordura frente a las tentaciones tremendistas, si quieren que se note la diferencia moral que les propulse como alternativa a la irresponsabilidad sectaria de este Gobierno.

En una política bloqueada por el trincherismo va siendo hora de abandonar los guiños para hooligans.

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