¿Por orden de quién pasearon esposados a los del PP?

¿Por orden de quién pasearon esposados a los del PP?

La desproporción con la que el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía han tratado a los implicados en el caso Palma Arena y el flagrante agravio comparativo respecto de situaciones similares en las que los imputados no eran del PP merece una explicación oficial a todos los niveles.

El Consejo General del Poder Judicial debe investigar la conducta del juez instructor José Castro y su responsabilidad en que las personas investigadas fueran, primero detenidas -cuando en algún caso se les imputan delitos que ni siquiera están castigados con penas de reclusión-, y luego pasaran 72 horas en los calabozos, el máximo permitido, antes de tomarles declaración. ¿Qué hacía él entre tanto?

La Fiscalía General del Estado tiene que exigir a los fiscales Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach, responsables de la operación, una explicación como promotores de estos excesos.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las personas que resulten imputadas deberán ser citadas «sólo» para ser oídas, a menos que haya circunstancias que justifiquen su privación de libertad, como que se negaran a comparecer, haya riesgo de fuga, puedan destruir pruebas o hayan cometido delitos flagrantes castigados con altas penas.

Como subrayan el diario El Mundo, ABC y hasta El País en sus crónicas y editoriales, este caso, no sólo los investigados estaban dispuestos a presentarse ante el juez, sino que la naturaleza de los delitos imputados y el hecho de que no tuvieran antecedentes hacían innecesaria su detención.

Prueba de que la gravedad de lo que se les imputa no es ni mucho menos extrema es que todos están en libertad bajo fianza, y ésta es sólo de 15.000 euros en el caso del principal cargo del PP implicado, Rafael Durán, portavoz en el Ayuntamiento de Palma.

Cualquiera diría que el juez se la ha puesto para tapar las vergüenzas de la Fiscalía. Dicho lo cual, si se demostrara que ha habido malversación de fondos públicos -de lo cual hay indicios- que la ley castigue con todo el rigor a los culpables.

La actuación de Anticorrupción es cuando menos sospechosa.

La estancia de los detenidos tres días en los calabozos no sólo resulta extraordinaria, sino que lleva a pensar si lo que se pretendía con ello era obtener coactivamente una declaración favorable a la investigación, lo que está expresamente prohibido por la ley.

No es sólo que los inculpados no hayan recibido un trato respetuoso. Fueron exhibidos ante las cámaras esposados y no se les permitió ni afeitarse.

La forma en la que se les encadenó, mano derecha con derecha, es insólita y sólo se entiende si el fin que se perseguía era que no pudieran ocultar los grilletes.

Nadie, por ejemplo, vio jamás a Rafael Vera o a José Barrionuevo con esposas, pese a que tuvieron que responder y fueron condenados por asuntos infinitamente más graves que los que aquí se dilucidan.

Este cúmulo de excesos, abusos y arbitrariedades es una muestra palpable de persecución política.

Una vez más, si los procesados fueran absueltos, será difícil restituir su honor.

Y llegan las preguntas: ¿Se siguió de verdad el protocolo policial? ¿Era necesario tenerlos 72 sin ducha, en calabozos sucios y humillados? ¿No tenía garaje el juzgado? ¿Dio alguna orden Rubalcaba? ¿Se buscaba una foto para compensar reveves del Gobierno ZP en otros terrenos?

Y así hasta el infinito.

Rafael Durán, portavoz del PP en Palma y uno de los principales detenidos en la operación Espada, le queda la impresión de haber sido utilizado por parte de la Fiscalía como un mero reclamo mediático para que su presencia amplificara la noticia.

Tiene «serias dudas» sobre si todo esto le hubiera ocurrido si hoy no fuera el portavoz popular en el Ayuntamiento palmesano. Y clama por que le hayan recluido 72 horas en un calabozo «con colchonetas meadas, preso por un presunto delito que ni conlleva la pena de prisión».

El Comité de Dirección del PP se ha reunido este lunes, 10 de agosto, para analizar la «diferente vara de medir» de la Fiscalía Anticorrupción «según se trate de investigaciones que afecten a personas vinculadas al PP o a otras fuerzas políticas».

El PP recuerda en un comunicado que, a diferencia de lo que ha sucedido con el caso Palma Arena, en el que la Policía Nacional detuvo a cinco personas durante 72 horas, no se encerró a nadie en los calabozos en otras causas judiciales relacionadas con otros partidos, entre las que citó el caso Ibiza Centre; Can Domenge; caso La Piñata; Son Oms y Carretera de Manacor, si bien puntualizó que únicamente en este último caso, una de las personas imputadas, el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, fue acompañado a dependencias policiales para prestar declaración, «regresando a su despacho, con toda normalidad, al cabo de unas horas».

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