La concejala del grupo municipal socialista de Alicante Llanos Cano dejaba, este jueves 26 de septiembre, estupefactos al resto de los ediles de la Corporación municipal de la capital alicantina, incluidos los de su propia formación a juzgar por sus semblantes, al sugerir durante el pleno que los «macroburdeles» de la ciudad contraten a personas con discapacidad.
Y esa sorprendente declaración de la concejala Cano, no se sabe si para favorecer a un colectivo como el de las discapacitadas o para atender a una suerte de perversión sexual de los futuros clientes, ha tenido su razón de ser (según ella) en la aplicación de la legislación vigente.
Así durante la intervención de esta concejala socialista sobre una moción conjunta del PSOE, Podemos y Compromís contra la prostitución y la trata de mujeres (en la que ha destacado que la provincia de Alicante es «la tercera de España en número de prostitución») ha señalado que «el artículo 42 de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad exige que las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que entre ellos el 2 por ciento sean trabajadoras con discapacidad. Nuestros macroburdeles tendrían que tener a personas discapacitadas trabajando».
Llanos Cano (PSOE), durante su sorprendente intervención.
Entre las caras de estupefacción del Salón de Plenos Llanos Cano ha seguido su sorprendente argumentario en forma de reiteradas preguntas retóricas:
«¿Se puede considerar trabajo que un grupo de mujeres sea un objeto de consumo para una parte de la población masculina, los puteros? ¿Se debe considerar un trabajo la institucionalización de la satisfacción sexual masculina? ¿Se debe considerar un trabajo la conversión de las mujeres en mercancías? ¿Se puede eliminar la impunidad de la violencia sexual de la prostitución cuando en realidad es parte constitutiva de la misma?
“Si su respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, les animo a que valoren las próximas consecuencias», ha dicho Llanos Cano, considerando que «una de las principales» sería la obligación de los clubes de alternes con más de 50 trabajadores de contratar a personas con discapacidad.
Algunos se pasan de frenada en eso de la reivindicación de derechos e interpretación de la ley…
