El Parlament, con los votos de los partidos golpistas y la abstención del partido de Ada Colau, aprobaba una propuesta de resolución en la que pedía la retirada de la Guardia Civil de Cataluña.
El clima político, según denuncian en el seno del cuerpo policial, se ha hecho “muy complicado” en los últimos dos años hasta el punto de que en torno a 2.300 agentes destinados en la autonomía, que son cada vez menos por el vacío competencial que ha generado el traspaso de muchas de las funciones a los Mossos d’Esquadra, quieren abandonar Cataluña, según cifras de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que recoge La Razón.
El Instituto Armado tiene 3.549 agentes en la autonomía, según los últimos datos (1.960 en Barcelona; 556 en Girona; 431 en Lleida; y, 602 en Tarragona) –de los que se estima que tan solo unos 150 son catalanes, el resto procede de otros puntos de España–. Una cifra que se ha mantenido estable en los últimos tiempos.
Si bien, la plantilla nada tiene que ver con la de hace dos décadas. Hace 25 años, rondaban los 10.000 agentes de la Guardia Civil, acorde con la disminución de competencias, ya que desde el despliegue de los Mosssos d’Esquadra en 1998, sus funciones han ido menguando: ahora se desempeñan funciones en lucha antiterrorista y contra el narcotráfico; el servicio marítimo; puertos y aeropuertos; intervención de armas y explosivos; policía judicial; el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); o, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas). También hay un grupo de antidisturbios.
Ante este clima, que comparan incluso «con épocas pretéritas en el País Vasco» por las presiones que denuncian, siempre marcando distancias con el grado de violencia que allí se ejercía –en Cataluña no se ha registrado ninguna agresión contra ningún agente ni su entorno familiar–, los agentes piden mejorar sus condiciones.
Entre ellas, hay dos que destacan por encima del resto: declarar a Cataluña como Zona Conflictiva (como País Vasco), lo que otorgaría un suplemento salarial de 600 euros; y, conseguir «preferencia» en el cambio de destino a los tres años. Los agentes, tras salir de la Academia, pasan un año de prácticas y después tienen la posibilidad de escoger destino entre las plazas vacantes que haya o, si no, pueden ser forzados por Interior a un determinado lugar, del que no pueden cambiar hasta que hayan pasado dos años. «Ahora sube la tensión en Cataluña justo cuando en el País Vasco está bajando», lamenta un agente.
En este sentido, la segunda de las reivindicaciones se ha empezado a pedir con fuerza a raíz del «procés», ya que Cataluña ha dejado de ser «un destino atractivo», como asegura el portavoz de la AUGC en Cataluña, Alfonso Merino.
Merino alerta del temor que ha empezado a cundir en el cuerpo ante la radicalización de ciertos colectivos independentistas e, incluso, ahora empieza a haber inquietud porque se puedan empezar a registrar episodios de «violencia física».