El Congreso aprobaba, en marzo de 2015 con los únicos votos favorables del PP, la pena de prisión permanente revisable y hacía saltar de sus escaños a la progresía encabezada por Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) pero también otros palmeros de la izquierda como los independentistas catalanes.
Desde ese día se iniciaba una batalla política y jurídica (con recurso socialista al Constitucional) contra la medida que perseguía que determinados asesinos no salgan alegremente de la cárcel y, al poco tiempo, casos tan mediáticos como los terribles asesinatos de Diana Quer o del niño Gabriel ponían a sus asesinos confesos a un paso de la aplicación de esa condena.
José Enrique Abuín El chicle o Ana Julia Quezada depositaban todas sus esperanzas en las posturas políticas de la izquierda en contra de la prisión permanente revisable. Este lunes, Ana Julia ha sido la primera mujer en España condenada a esa pena y, de paso, sirve como lección tanto a PSOE como Podemos porque es más que evidente que la sociedad española está contenta (y más segura) con el fallo.
Así,la Audiencia de Almería ha condenado a la pena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por asesinar con alevosía y la agravante de parentesco al niño de ocho años Gabriel Cruz en febrero de 2018.
En la sentencia, notificada este lunes a las partes, se la condena también por dos delitos de lesiones psíquicas cometidos en las personas de los padres del menor a tres años de prisión en la persona del padre, Ángel Cruz, por la concurrencia de la agravante de parentesco, y a dos años y nueve meses de prisión en la persona de la madre, Patricia Ramírez.
Por dos delitos contra la integridad moral, la magistrada Alejandra Dodero impone a Quezada a un año y seis meses en la persona del padre, al concurrir la agravante de parentesco, y un año en la persona de la madre.
En concepto de responsabilidad civil, la sentencia la obliga a abonar por daños morales a los padres del menor la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos. Tampoco podrá acercarse a ellos a menos de 500 metros por un periodo de 30 años. Junto a ello, tendrá que abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200.203 euros.
La sentencia indica, respecto al delito de asesinato, que las siete mujeres y dos hombres del jurado que alcanzaron el veredicto de culpabilidad consideraron que se trató de una muerte alevosa, delito que es castigado con una pena de prisión de 15 a 25 años, si bien al concurrir que la víctima es menor de 16 años, se le ha impuesto la pena de prisión permanente revisable.
