La política industrial, energética y minera acapara el 70% del Presupuesto de Hacienda en Andalucía

La política industrial, energética y minera acapara el 70% del Presupuesto de Hacienda en Andalucía

El Presupuesto de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para 2020 asciende a 363,7 millones de euros, de los cuales 278,9 millones serán gestionados directamente por la Consejería, mientras que los 84,8 millones restantes corresponden al Presupuesto de las Agencia Tributaria de Andalucía. El Capítulo I de gastos de personal asciende a 84,8 millones de euros, lo que representa el 31% del presupuesto. En el capítulo II se incluyen los gastos destinados principalmente a dotar de recursos materiales a los distintos centros directivos de la Consejería, así como de los recursos necesarios para mantener la infraestructura de sus sedes.

El consejero Juan Bravo ha destacado durante su intervención en la Comisión de Hacienda, Industria y Energía para explicar el presupuesto de su departamento el crédito consignado para la gestión de la política industrial, energética y minera, que cuenta con una dotación de 194 millones de euros, representando prácticamente el 70% del presupuesto.

El año 2020 se presenta como el último de vigencia de las tres estrategias sectoriales en materia de industria, energía y minas, por lo que será determinante, partiendo de sus elementos positivos y conociendo sus carencias, sentar las bases de un nuevo marco de referencia que contribuya a establecer un entorno adecuado y favorable para el impulso de estos sectores en nuestra comunidad autónoma.

En este ámbito, el consejero ha destacado la dotación de casi 100 millones de euros para avanzar en una economía descarbonizada, así como la contribución al fomento del desarrollo industrial, con una partida de 51,6 millones de euros. Por otra parte, se refuerzan el seguimiento y control de la seguridad en materia de industria, energía y minas, con una dotación de 1,2 millones. Destaca el incremento de las actuaciones de restauraciones de minas abandonadas en distintas provincias de Andalucía, con una dotación inicial de más de 16 millones en 2020.

Respecto a los programas propios de la regulación en materia de Hacienda se incorporan novedades significativas. Así, la Intervención General de la Junta de Andalucía llevará a cabo durante 2020 la contratación de auditorías de las entidades sector público instrumental con el objetivo de mejorar el control y eficacia de estas entidades.

Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio junto con la Dirección General de Transformación Digital implantarán la licitación electrónica en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, lo que permitirá a los operadores económicos presentar la documentación de forma electrónica tras la convocatoria de una licitación o formalizar los contratos de forma electrónica.

La Dirección General de Presupuestos continuará con el diseño de nuevas herramientas de análisis y la adaptación de los sistemas de información económico-financiera existentes como piezas clave para perfeccionar la explotación de los datos con la finalidad de robustecer la gestión presupuestaria, contable y financiera de la actividad de la Junta de Andalucía.

Los sistemas integrados de información serán también el eslabón a través del cual la Junta de Andalucía mejore las tareas de seguimiento de la gestión de las entidades instrumentales. En este sentido, a lo largo de 2020 la Secretaría General de Hacienda realizará actuaciones que permitirán impulsar y establecer las directrices necesarias para integrar los sistemas contables de las agencias públicas empresariales en el sistema económico-financiero de la Administración General de la Junta de Andalucía. Por otra parte, mejorará la metodología de los análisis de sensibilidad cíclica para conocer el impacto de eventuales choques macroeconómicos y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sobre los ingresos de la comunidad autónoma.

A ello se suma el Plan Confianza, que persigue distintas finalidades. En primer lugar, la revisión continua de la política presupuestaria, especialmente en lo que respecta a las subvenciones, al grado de ejecución –con especial mención a los fondos comunitarios–, y al seguimiento para el cumplimiento del objetivo de déficit. De otra parte, la optimización de los recursos públicos vinculados con los ingresos de naturaleza no tributaria, mediante la disminución de los libramientos pendientes de justificar y de los derechos pendientes de cobro, así como abordar los procesos de negociación que permita reducir las posibles reclamaciones por responsabilidad patrimonial.

En conclusión, los objetivos que se persiguen se resumen en mejorar la gestión de los recursos, realizar seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias y mejorar el control público, establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la agilidad y una mayor eficacia y eficiencia, así como un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía, redefinir la política industrial de Andalucía, consolidar el sector minero de Andalucía desde la sostenibilidad y la generación de valor añadido para la comunidad y contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios.

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Autor

Ramsés Laguna

Ramsés Laguna, un enamorado de Castilla y León, empeñado en escribir.

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