Entre pillos anda el juego.
Y como uno de los más notorios es el golpista Carles Puigdemont, al que dora la píldora el socialista Pedro Sánchez para que le haga presidente del Gobierno de España, vuelve a ponerse de moda el abogado y asesor del prófugo: el siniestro Gonzalo Boyé.
La Audiencia Nacional desestimó hace un mes las solicitudes de José Ramón Prado Bugallo, el narcotraficante conocido como Sito Miñanco, y del abogado Boyé, para que no se les juzgara por blanqueo de capitales en la denominada “Operación Mito”, la introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína y el entramado creado para ocultar los beneficios por distintas vías.
Es sólo uno de los palos que le han caído a Boye, durante años tertuliano habitual de LaSextaTV, organizador de seminarios sobre Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Madrid y socio privilegiado de Nacho Escolar y otros periodistas ‘progres‘ en aventuras empresariales como la revista Mongolia o el diario.es.
COLOR DE HORMIGA
Está el futuro judicial de color hormiga al abogado del prófugo Puigdemont y socio del periodista Ignacio Escolar.
Las alarmas en la Audiencia Nacional saltaron cuando los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) interceptaron una conversación telefónica entre el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, y su entonces abogado Gonzalo Boye.
Esa fue la verdadera causa que desató la investigación que culminó con la detención del abogado del prófugo de la justicia Carles Puigdemont y del expresident de la Generalitat Quim Torra, el 21 de octubre de 2019.
El 23 de octubre de 2019 Boye decidió acogerse a su derecho a no declarar y, por ende, no respondió a las preguntas realizadas por la juez María Tardón y la Fiscalía Antidroga pese a que públicamente aseguró que «había venido a clarificar» los hechos por los que se le imputan.
Los agentes de la UDEF llevaban meses siguiendo cada paso del narcotraficante gallego. Utilizaron técnicas para interceptar cada llamada telefónica que hacía Sito Miñanco.
Fue en ese momento cuando entra en juego su abogado Gonzalo Boye.
En una de esas llamadas ‘sonó la campana’.
A raíz de esas conversaciones interceptadas, que forman parte de una larga y compleja investigación, se abrió una nueva pieza separada que investiga exclusivamente delitos de blanqueo de capitales del narcotráfico.
En esta rama está imputado el investigado principal de la causa: Sito Miñanco; el abogado de Puigdemont; y dos testaferros utilizados para blanquear el dinero.
UN RICO QUE SE DECLARA INSOLVENTE
El letrado Boye defiende a Puigdemont desde que el golpista se convirtió en prófugo de la justicia en 2017 tras el referéndum ilegal del 1-O.
Ya entonces, los policías le seguían el rastro por blanqueo de dinero.
El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye desde hace casi dos años una pieza secreta sobre las relaciones del abogado independentista y ex colaborador de ETA con la trama internacional del narco gallego Sito Miñanco.
Sean como sean las cosas y a pesar de parecer evidente que Boyé posee una considerable fortuna, el abogado siempre se ha declarado insolvente y eludido el pago de cualquier multa o indemnización. Las cosas ya no son tan fáciles para él.
El pasado 20 de febrero de 2020, la Audiencia Nacional ordenaba embargar los bienes de Boye, al considerar que su responsabilidad por su participación en el secuestro de Emiliano Revilla, perpetrado por ETA en 1988, no ha prescrito.
Hoy hace 18 años ETA asesinó a Antonio. Tenía 27 años, toda la vida por delante. Localizó a varios asesinos etarras en coche con 130 kg de explosivos en dirección a Madrid y le tirotearon. Él murió pero su acción evitó muchas muertes de madrileños.#NoTeOlvidamos #HeroeSinCapa pic.twitter.com/LQQpAcpEQi
— Convivencia Cívica (@CCivicaCatalana) December 17, 2020
La sentencia del Tribunal Supremo, que fija que la responsabilidad civil derivada de una condena firme no prescriba, supone la puntilla para Boye.
El recurso que fue anunciado por el entorno del letrado, y en el que pretendía alegar que en otros casos parecidos se había decretado la prescripción, queda en papel mojado.
Gonzalo Boye fue condenado por la Audiencia Nacional, junto con el resto del comando, al pago de una indemnización solidaria de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) por su participación en el secuestro de Revilla, un crimen que duró 249 días, y en el que el ahora darling de LaSextaTV se encargó, según la sentencia, de vigilar al empresario y facilitar los datos al comando de ETA que le secuestró.
Boye fue juzgado como uno de los miembros que formó parte de una célula de apoyo de ETA.
El letrado fue condenado por un delito de detención ilegal a 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis.
Cuando iba a ser puesto en libertad, Boye dijo que pagaría su parte de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.
Sin embargo, no hizo frente a los pagos y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció el caso ante la Audiencia Nacional.
A petición de la AVT, la Fiscalía de la Nacional ordenó una investigación patrimonial para poder embargarle. El problema con el que se encontraron fue que el abogado de Puigdemont no tiene nada a su nombre, por lo que, hasta ahora, sólo se le ha podido embargar unas cantidades ínfimas de dinero derivadas de los ingresos declarados en España como letrado.
La sentencia que obligará a Boye a seguir abonando su parte de la indemnización a la familia del empresario secuestrado declara la firmeza de la sentencia y especifica que “la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que le sea aplicable ni la prescripción ni la caducidad”.
¿Recordáis al agente de la UIP gravemente herido por un impacto que le reventó el casco en los disturbios separatas del 1-O?
Interior lo ha jubilado por incapacidad.
Felón Marlaska, amigo de los presos etarras, le da la patada tras caer en acto de serviciopic.twitter.com/ZqEvAXNseA— Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) December 14, 2020
La Sala establece este criterio al analizar el recurso de un hombre que había sido condenado en 2001 por la Audiencia Provincial de Barcelona a, entre otros pronunciamientos, pagar una indemnización de responsabilidad civil de 22.301.372 pesetas en concepto de daños y perjuicios derivados de un delito de incendio forestal.
Una vez transcurrido el plazo de 15 años sin que el condenado pagara la indemnización, la Audiencia Provincial de Barcelona declaró la prescripción de la responsabilidad civil.
Ese auto de la Audiencia Provincial se recurrió ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo revocó al estimar la imprescriptibilidad de la acción civil.
El condenado recurrió en casación ante el Supremo que ahora confirma la tesis de que la responsabilidad civil derivada de una sentencia penal no prescribe.
Así, la sentencia, con ponencia del magistrado Eduardo Porres, argumenta que en las sentencias penales la protección de la víctima del delito determina una exigencia de tutela muy singular, lo que explica que se atribuya al órgano judicial el impulso y la iniciativa en la ejecución, incluso de sus pronunciamientos civiles.
Esa necesidad de una tutela judicial reforzada, “justifica que la interpretación de las normas del proceso de ejecución deba realizarse en el sentido más favorable a su plena efectividad.”
Y apostillan:
«En el proceso penal la ejecución de los pronunciamientos civiles se realiza de oficio y no a instancia de parte. Por tanto, no tiene razón de ser que se reconozca un plazo de caducidad para el ejercicio de la acción ejecutiva porque el derecho declarado en la sentencia no precisa de esa acción. Y por ello no es necesario que se presente demanda para hacer efectiva la sentencia»
