Han tenido que pasar diez años, pero aunque lenta, la Justicia ha dictaminado que las ayudas otorgadas por el Gobierno de Chaves, dos meses antes de abandonar el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía, a la empresa donde ejercía y sigue ejerciendo un cargo directivo su hija Paula, fueron ilegales y tienen que devolverse con intereses, según nos cuenta El Mundo.
El Diario El Mundo destapó hace una década este escándalo, cuya clave en la sentencia sobre Matsa de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA es que el Gobierno andaluz subvencionó un proyecto ya iniciado, algo totalmente prohibido por la ley.
Según la información que avanza El Mundo, la solicitud de Matsa al Ministerio tuvo entrada el 20 de julio de 2007, justo el mes en que Paula Chaves empezó a trabajar en la firma minera. Si el Gobierno de Zapatero confirmó que antes de esa fecha el proyecto de Matsa estaba iniciado, también tenía que estarlo tres meses más tarde, el 11 de octubre de 2007, que es cuando Matsa pidió la ayuda para el mismo proyecto a la Junta bajo la presidencia de Chaves, que finalmente va a tener que reintegrar.
