Parece que Moncloa tiene claro a quien y que Gobiernos tiene que «crujir» para que sus intereses políticos sumen y parece no importarles «un comino» los ciudadanos que residen en sus territorios.
Es más que cuestionable que el Gobierno de Sánchez actúe con todo contra el Gobierno andaluz, interviniendo sus cuentas, cerrando el trasvase Tajo-Segura, no pagando las partidas que tienen que tienen que ser abonadas y con una falta de sintonía política indecente.
El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha exigido este jueves a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera «donde hablemos de financiación y de las necesidades de las comunidades autónomas que, como Andalucía, tenemos que ingresar recursos como son el IVA o las entregas a cuenta en los tiempos y formas establecidos», ya que, según ha recordado, «hace más de dos años que no se convoca, cuando debería haber dos cada año».
Marín se ha expresado así tras la reunión mantenida con su homóloga en la región de Murcia, Isabel Franco, para abordar «problemas comunes como la financiación, la retira de las ayudas para garantizar la atención a los menores no acompañados o la decisión de interrumpir el trasvase del Tajo y Segura». «No es de recibo que el Gobierno de Sánchez e Iglesias, con la complicidad de la señora Montero, chantajee a las comunidades autónomas de distinto signo político».
«Montero intenta arrojar al Gobierno del cambio al precipicio del incumplimiento de déficit para 2019 no pagando los 537 millones de IVA de la liquidación de 2017 o el impago de las entregas a cuentas que supondrían más de 1.300 millones de euros, que nos permitiría terminar el año en equilibrio», ha señalado Marín.
En este sentido, y «desde la lealtad institucional, queremos que la señora Montero convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como ella exigía al anterior Gobierno. Queremos sentarnos y que nos explique por qué no quiere pagar el IVA de 2017 ni pagar las entregas a cuentas, o por qué no quiere revisar el modelo de financiación autonómica que hace que, comunidades como Andalucía, reciban menos recursos por habitantes, lo que supone menos recursos para inversiones».
«Es algo muy serio, pues es hablar del futuro de ocho millones de españoles. Estamos dispuestos a argumentarle todos los resultados económicos de 2019», ha asegurado. Marín ha pedido también al Gobierno «que nos deje trabajar» y, «si no hay intervención, que nos deje acudir a los mercados. Queremos ser libres para decidir dónde queremos colocar nuestra deuda. No puede castigar a los andaluces porque aquí hay un gobierno diferente al que hubo en Andalucía durante 37 años».
El vicepresidente ha lamentado que a esta situación de «intervención» se una la decisión retirar las ayudas para garantizar a los menores no acompañados, que en el caso de Andalucía son más de 27,6 millones de euros.
Por este motivo, ha explicado que junto con la vicepresidenta de Murcia va a establecer a partir del 8 de enero un calendario de reuniones con otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-León, Extremadura, Galicia o Valencia, a las que también se sumarán «otras ciudades importantes como Madrid, Córdoba, Jaén o Granada, donde hay gobiernos sensibles con la situación que está provocando el señor Sánchez».
Por último, Marín ha hecho alusión a la decisión de interrumpir al trasvase del Tajo y el Segura, y ha lamentado los daños que provoca al sector agroalimentario «de Murcia, del Levante y a la provincia de Almería, que es un motor económico de Andalucía».
En este sentido, Franco ha anunciado que el Gobierno de Murcia volverá a llevar esta cuestión a los tribunales, algo que Marín no ha descartado por parte del Ejecutivo andaluz.
Franco ha destacado la necesidad de «trabajar en líneas concretas entre Andalucía y Murcia como la atención de los menores no acompañados, la financiación autonómica, pues el Gobierno de la nación está levantando un cerco en aquellas comunidades que no son afines».
