El Director general de la Guardia Civil empeñado en discriminar a los Guardias Civiles en la Reserva.

Los Guardias Civiles en reserva destinados en el CNI al servicio de Defensa han cobrado el acuerdo salarial

Los Guardias Civiles en reserva destinados en el CNI al servicio de Defensa han cobrado el acuerdo salarial

Independientes de la Guardia Civil (IGC) asumió la reclamación de guardias civiles destinados en diversas provincias de España.

A pesar de desestimarse por el Director General de la Guardia Civil, la reclamación de los guardias civiles en situación de Reserva Activa, pero que prestan servicio para en Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en las Delegaciones de Defensa de las distintas provincias del país; gracias a las reivindicaciones de éstos mediante instancias y recursos, y a causa de la intervención de sus respectivas asociaciones,  liderados, por guardias civiles destinados en diversas delegaciones, coordinaron la labor de los recursos de guardias civiles en toda España, han visto como en la nómina de diciembre actual les viene reflejada esta subida con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, y viéndose además beneficiados del tercer tramo de incremento salarial a partir de enero de 2020 que, quedará reflejado en las nóminas del mes de abril próximo.

El Director General de la Guardia Civil, asesorado por el órgano gestor de las nóminas, acordó no promover la subida salarial porque estos guardias civiles recibían de la Institución tan sólo la nómina correspondiente a su situación de Reserva Activa sin destino, pues no ocupan destino en la Guardia Civil, ni en organismo ajeno en virtud de convenio, -como es el caso de guardias civiles en Reserva Activa adscritos al servicio de vigilancia de las instalaciones de la Administración de Justicia de algunas Comunidades Autónomas-.

Estos guardias civiles que prestan servicio para el CNI en las Delegaciones de Defensa, y por tanto sin la competencia del Ministerio de Interior, asesorados por diversas asociaciones y por IGC alegaron que prestando servicio para Defensa y no para Interior, igualmente son guardias civiles, y que el acuerdo de incremento salarial de 19 de marzo de 2018 incluye a todos los miembros de la Institución, y por tanto al personal en Reserva con destino, sin distinción por el destino que ocupan, pues ello sería contrario al principio de igualdad ante la ley, y al principio de legalidad, siendo el órgano pagador la Agencia Tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, igualmente está obligada a pagar, bien a través de los presupuestos de Defensa o bien de los del Ministerio de Interior.

Independientes de la Guardia Civil (IGC), organización profesional que promovió los recursos contenciosos administrativos para una parte de estos guardias civiles, apeló al principio “pacta sunt servanda”, “lo pactado obliga”, pues siendo el acuerdo salarial alcanzado entre el Ministerio de Interior y las asociaciones profesionales firmantes del mismo, un contrato civil, ese acuerdo se constituye en ley entre las partes.

Los guardias civiles han recibido, además de su nómina de diciembre, por decisión gubernamental, y antes de la obtención de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, que obligarían al pago de las costas al Estado, de ser estimados los recursos, la cantidad adicional como atrasos oscila entre los 6.000 y 5.000 euros según las peculiaridades de cada guardia civil, a los que se le ha aplicado una retención IRPF que oscila entre un 25%, y un 35% por lo que en neto han sido entre 3.500 y 4.000 euros los realmente cobrados en concepto de atrasos, por los diversos guardias civiles, la mayoría destinados en Madrid, pero también en toda España. Este incremento se refleja en la nómina como complemento específico singular, que no afecta a las pagas extras, ni al salario base y, en definitiva supondrá un incremento salarial en la nómina del mes de unos 250 euros, cantidad nada despreciable a la que hay que sumar unos 125 euros más, netos, para el año venidero.

No obstante, la diferencia entre las policías del Estado y las de las Comunidades Autónomas sigue siendo superior en favor de las segundas, por lo que la pretensión de homologar los salarios de todos los policías, trabajen para una Administración u otra, sigue siendo una de las reivindicaciones primordiales de las asociaciones profesionales y sindicatos de policía.

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