El fiscal no ha recurrido la decisión de darle 48 horas de permiso al líder de Ómnium Cultural

Pedro Sánchez y la imagen de la ignominia: el golpista Jordi Cuixart es el primer preso del ‘procés’ con permiso para pisar la calle

Todo encaja perfectamente. Pedro Sánchez está pagando religiosamente el favor de los separatistas de ERC para que le invistieran como presidente del Gobierno. Una vez logrado el acceso a La Moncloa, ahora toca devolver el gesto con acciones que contenten a los de la banda del lazo amarillo.

Sin disimulo alguno, a última hora del 16 de enero de 2020, Jordi Cuixart, el líder de Òmnium Cultural, abandonaba la prisión de Lledoners con su primer permiso de 48 horas. Su salida se produce además sin que la Fiscalía se pronuncie sobre esta concesión del permiso por parte de la Generalitat.

De hecho, Ciudadanos ya ha presentado un escrito ante la Fiscalía para obligar a Dolores Delgado a que se pronuncie tanto sobre la salida de Ciuxart como en breve la de Jordi Sánchez, líder de la ANC.

Según Lorena Roldán, la presidenta del partido naranja en Cataluña:

Resulta inverosímil que dos condenados por sedición que lejos de mostrar todo tipo de arrepentimiento han mostrado pública y notoriamente su firme voluntad de reincidir hayan avanzado, en el mínimo tiempo transcurrido de la condena, en la necesaria reeducación y reinserción para que en su eventual vida en libertad no vuelvan a poner en peligro algo tan esencial como el conjunto de condiciones que permiten el normal desarrollo de la vida ciudadana en el marco convivencial de la organización democrática del Estado.

Y añade que va a exigir de la Fiscalía General del Estado que:

Debe garantizar que el permiso de salida reúne los requisitos de procedibilidad y materiales legalmente exigibles y si se amolda a los fines de la pena a cumplir por los mencionados condenados en atención a las circunstancias efectivamente concurrentes en su conducta. Es evidente que la concesión de permisos penitenciarios en contravención de las finalidades últimas de la pena y de la propia finalidad instrumental de dichos permisos o sin reunir sus requisitos de procedibilidad legal a unos condenados determinados en detrimento de lo que es legalmente exigible y exigido a cualquier otro condenado supondría una intolerable e injustificada vulneración del principio de igualdad constitucional. Se trataría de una vulneración especialmente grave en atención al ámbito punitivo en el que se enmarca y los derechos y bienes jurídicos implicados.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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