Una exclusiva de AP explotó este 30 de enero de 2020 en Estados Unidos, un bufete de abogados abandonó al procurador del dictador Nicolás Maduro y a los millones con los que este intentó contratarlos.
Se trata del escritorio jurídico Foley & Lardner LLP, una firma a la cual Reinaldo Muñoz en nombre del régimen, había contratado por 12,5 millones de dólares para que gestionara contactos con influyentes de la política norteamericana e intentara aliviar las sanciones que pesan sobre la dictadura chavista y sus principales miembros.
La agencia también había confirmado el 27 de enero de 2020, que la firma Foley y Lardner había pagado 2 millones de dólares a un peso pesado del cabildeo norteamericano como lo es Robert Stryk, que llevaría a cabo esta tarea de intentar librar al régimen chavista de las medidas de la administración Trump y llevar a cabo conversaciones directas.
Tras estas informaciones, el propio senador republicano de Florida, Rick Scott, denunció los intentos que se estaban haciendo desde la firma, y además, dijo en una carta pública que hablaría con sus colegas del Senado para que boicotearan a la firma hasta que esta rompiera los lazos con el «dictador peligroso».
Según las informaciones publicadas, el contrato del régimen chavista con Foley, fue por un total de $ 12.5 millones, entendido como «una tarifa plana» que se extendería hasta el 10 de mayo. Mientras que el acuerdo de Stryk, como consultor, era de $ 2 millones.
Foley dijo que recibió un poco más de 3 millones de dólares como pago inicial, presuntamente provenientes de dos compañías registradas en Hong Kong y que representaban al procurador de Maduro, Reinaldo Muñoz.
Las repercusiones para la firma además de ser económicas, también son reputacionales, en Estados Unidos la imagen de la dictadura chavista va más allá de la diatriba izquierda y derecha, un ejemplo de ello es que las sanciones que ha implementado Donald Trump han sido una continuidad de lo que comenzó el expresidente demócrata Barack Obama, por supuesto, con marcadas diferencias en las formas.
En España la historia es diferente
Mientras esto sucede en Estados Unidos, en España la izquierda cada vez es más frontal en su apoyo al dictador Nicolás Maduro, al punto de que el vicepresidente del ejecutivo, Pablo Iglesias, ha decidió hace unos días degradar a Juan Guaidó a «líder de la oposición» y reconocer a Maduro como presidente de forma implícita, todo esto con el silencio complaciente del Gobierno de Pedro Sánchez, ciertamente, una postura que ha cambiado mucho desde que reconociera a Guaidó como presidente.
Pero no solo se trata de la llegada de Unidas Podemos al poder, es normal ver en los medios de comunicación de España a políticos u opinadores como José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Carlos Monedero o peor aún a Arantxa Tirado haciendo campaña a favor de una dictadura criminal, y esto es visto con total normalidad, a pesar de que han sido señalados de recibir dinero de la dictadura de Maduro y de otros regímenes latinoamericanos.
Presentadores como Antonio García Ferreras, Jordi Évole o Iñaki López, desde La Sexta, dedican horas de programas a poner dudas sobre la veracidad de la información que han expuesto incluso organismos como la ONU y que explican las fuertes violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
También está el caso de Baltazar Garzón, es una muestra más. En septiembre de 2019 el periódico español ABC desveló que Ilocad S.L., despacho del exjuez, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los documentos a los que tuvo acceso el diario, pero esto no tiene ninguna repercusión.
Más integrados con el chavismo en España están los partidos más radicales, como Izquierda Unida, el Partido Comunista de España o EH Bildu.
Reacciones del Gobierno interino de Juan Guaidó
La Oficina del Procurador Especial del gobierno de Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como representantes de Venezuela, se comunicó el jueves con Foley & Lardner LLP por la supuesta contratación del régimen de Nicolás Maduro.
Según explican desde esta instancia, comunicaron a la firma que Maduro no está en las facultades de contratar a despachos de abogados o a cualquier representante legal. «El régimen sigue desviando recursos públicos en pagos de juristas. Usurpan la representación del Estado», publicaron.
Cumpliendo instrucciones del Gobiermo del Presidente (E) Juan Guaidó, la Oficina del Procurador Especial dirigió comunicación a la firma de abogados Foley & Lardner LLP, en atención a su supuesta contratación por el ilegítimo régimen de Nicolás Maduro.
— Procuraduría Especial de la República de Venezuela (@DeProcuraduria) January 30, 2020
